Zacatecas, Zac.- La transición hacia un nuevo modelo de transparencia en México ha provocado una parálisis institucional en la mayoría de las entidades federativas, donde la extinción de los institutos locales sin la puesta en marcha de órganos desconcentrados impide a los ciudadanos impugnar negativas de información, dejando en suspenso el ejercicio de derechos fundamentales ante la falta de autoridades garantes.+1
La reforma que derivó en la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la implementación de la nueva Ley General de Transparencia exigía a los estados armonizar sus marcos jurídicos para crear nuevas autoridades. Sin embargo, el cierre del año revela un escenario de incertidumbre donde la mayoría de las entidades aún no cuenta con los órganos desconcentrados previstos por la normativa vigente. Julieta del Río Venegas ha advertido que este vacío no puede considerarse un éxito administrativo, ya que la ausencia de instancias para interponer recursos de inconformidad anula la capacidad ciudadana de defensa frente a respuestas opacas de las autoridades.
La disparidad en la implementación del nuevo modelo es evidente en el territorio nacional. Mientras estados como Coahuila, Puebla, Sonora y Yucatán han comenzado a operar bajo esquemas de órganos desconcentrados, otros mantienen una operatividad precaria o transitoria. En Chihuahua, por ejemplo, el instituto local sigue funcionando con presupuesto completo ante la falta de una reforma estatal, mientras que en entidades como Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, los institutos ya han sido clausurados formalmente. En Baja California Sur, el Legislativo ha postergado la extinción definitiva de su organismo garante hasta finales de 2025.
Esta parálisis afecta directamente la atención de solicitudes de información y genera confusión en las contralorías estatales, que actualmente limitan su actuación a temas de datos personales y soporte técnico de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta reducción de funciones no suple la labor garante de los antiguos institutos, lo que, según especialistas, constituye un retroceso en la protección de derechos civiles. El reto institucional reside ahora en asegurar que la transparencia sea exigible y efectiva, evitando que el ahorro de costos o la reorganización administrativa se conviertan en un obstáculo para el acceso a la información pública.
LNY | Redacción