JULIETA DEL RÍO VENEGAS
El reciente reportaje de Reforma, firmado por la periodista Claudia Salazar, expone una omisión grave: el Senado de la República dejó de publicar los informes financieros que, desde 2016, venía difundiendo de manera periódica en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a pesar de que la ley lo obliga a hacerlo.
La Ley General de Transparencia no admite interpretaciones laxas. De acuerdo con los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia, los sujetos obligados deben actualizar su información de manera trimestral y conservarla correspondiente al ejercicio en curso y a los seis ejercicios anteriores. Asimismo, los lineamientos establecen que la publicación y actualización de esta información debe realizarse utilizando los formatos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Nada de esto se ha cumplido. El último informe cuatrimestral del Senado corresponde a 2024. A lo largo de todo 2025 no se ha publicado información sobre gastos en servicios personales, suministros, materiales y otros rubros fundamentales para la rendición de cuentas.
Sin embargo, la omisión no es exclusiva del Senado. Los propios lineamientos señalan que las autoridades garantes deben vigilar, en el ámbito de sus competencias, que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia. Dicha vigilancia puede realizarse de oficio, mediante verificaciones virtuales y aleatorias al Portal de Obligaciones de Transparencia. No se requiere una denuncia ciudadana para advertir una falta tan evidente como la ausencia total de informes durante un año completo.
Esta falta de supervisión coincide con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), lo que plantea una señal preocupante: que la debilidad institucional derive en impunidad administrativa. La Plataforma Nacional de Transparencia sigue vigente, los lineamientos continúan en vigor y la obligación legal no ha sido suspendida.
Cerrar el año 2025 sin información financiera pública no es un detalle menor ni una falla técnica; es un incumplimiento legal. Normalizarlo, implicaría aceptar que la transparencia puede apagarse sin consecuencias. Si las nuevas autoridades en materia de acceso a la información no ejercen sus facultades de vigilancia y sanción, la omisión del Senado sentará un precedente peligroso: que la ley solo se cumpla cuando hay quien la vigile.
Por ello, cuando un senador o una senadora presuma de transparencia, conviene recordarle que durante el ejercicio que está por concluir jamás se reportaron los gastos del Senado en la Plataforma Nacional de Transparencia, a pesar de que la ley obliga a hacerlo de manera trimestral. La transparencia no se proclama en discursos ni en redes sociales: se demuestra cumpliendo la ley y rindiendo cuentas, incluso y sobre todo cuando nadie parece estar mirando.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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