OMAR CARRERA
La nueva Ley General de Aguas aprobada en la Cámara de Diputados ha despertado debates intensos, posturas encontradas y preocupaciones legítimas. Pero si logramos alejarnos unos pasos del ruido político y observamos el fondo del asunto, veremos que esta ley nace de una necesidad social que no podía seguir posponiéndose: la urgencia de que el agua el recurso más básico para vivir llegue de manera más justa, más limpia y más segura a todas las familias de México.
Durante años, millones de personas han tenido que vivir con tandeos, con pipas insuficientes, con tuberías viejas, con pozos sobreexplotados y con una incertidumbre permanente sobre si mañana abrirán la llave y saldrá agua. Esa sensación de desigualdad, de vivir al día, de que unos tienen de más y otros apenas de menos, es precisamente lo que esta nueva ley busca atender con una mirada más humana y menos burocrática.
Uno de los cambios más importantes es que, por primera vez en mucho tiempo, se coloca a la gente en el centro. La ley reconoce el derecho humano al agua no solo como un concepto legal, sino como una obligación del Estado para priorizar el abasto doméstico por encima de cualquier otro uso. Esto significa que las decisiones ya no podrán tomarse únicamente desde la lógica económica o desde intereses particulares; ahora se establece con claridad que el agua primero es para vivir, para cocinar, para bañarse, para que funcionen las escuelas, los hospitales y las viviendas. El agua, como debe ser, antes que nada para la gente.
Además, la ley impulsa una visión más equitativa entre regiones y sectores. Quienes viven en comunidades rurales, ejidos o zonas periféricas saben bien lo complicado que puede ser acceder a agua de calidad o contar con redes adecuadas. La nueva legislación obliga a que la planeación hídrica considere justamente a quienes han sido olvidados o relegados por décadas. No es un secreto que muchas comunidades tienen manantiales, ríos o pozos cerca, pero aun así padecen desabasto por falta de infraestructura, mala administración o uso excesivo en actividades que jamás regresan una gota al territorio. Ahora, al reconocer la vulnerabilidad como un criterio para asignar prioridades, la ley abre una ventana para empezar a corregir esas injusticias.
Otro punto clave es la transparencia. Históricamente, las concesiones de agua han sido un tema distante para la población. Muy pocos sabían quién tenía permisos, cuánta agua podían extraer, cuáles acuíferos estaban en riesgo o por qué regiones enteras se quedaban sin líquido durante años. La nueva ley obliga a que esa información sea pública, accesible y detallada. Este paso no es menor: la transparencia es la base para recuperar la confianza de la ciudadanía en la gestión del recurso. Cuando la gente puede ver, preguntar, exigir y participar, las decisiones dejan de ser oscuras y empiezan a ser compartidas.
También se incorpora un aspecto que toca directamente la vida cotidiana de las familias: la inversión en redes de agua potable y saneamiento. En la práctica, esto significa que se dará prioridad a reparar fugas, modernizar tuberías viejas, fortalecer plantas tratadoras y ampliar la cobertura a zonas que nunca han sido atendidas. México pierde cada año millones de litros por infraestructura obsoleta; la ley, al exigir diagnósticos reales y programas de mantenimiento, ataca una de las principales causas del desabasto urbano.
Un tema que merece especial atención es la participación social. Esta ley da más voz a usuarios, comunidades, pueblos y organizaciones ciudadanas en los consejos de cuenca, en la vigilancia y en la toma de decisiones. Esto supone un cambio profundo de cultura institucional. No es lo mismo que una persona se entere hasta el final de una decisión cuando ya no hay nada qué hacer a que desde un inicio pueda opinar, advertir problemas, sugerir soluciones o defender su acceso al agua. La ley entiende que, sin la gente, la gestión del agua nunca será justa ni duradera.
Además, el contexto climático no puede ignorarse. Cada vez llueve menos donde solía llover mucho, y cae demasiada agua donde antes apenas goteaba. La ley incorpora mecanismos de prevención y de manejo de riesgos para hacer frente a sequías, inundaciones y fenómenos extremos. Esto significa que, a mediano plazo, las comunidades tendrán más herramientas para protegerse y para evitar que una sequía severa o una tormenta afecte de manera desproporcionada a quienes menos tienen.
Por supuesto, también se regula con mayor claridad el uso productivo del agua. Esto no debe verse como una persecución, sino como una oportunidad para un país que necesita equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social. La ley no cancela actividades agrícolas ni industriales; lo que hace es ordenar, supervisar y garantizar que nadie tome más de lo que un acuífero puede soportar. Es un acto de responsabilidad colectiva: si seguimos extrayendo agua sin límite, en poco tiempo no habrá desarrollo posible. Con reglas claras, todos ganan: la gente, el campo, las empresas y las generaciones futuras.
Los retos, claro, no se resuelven solo con papel. Para que esta ley tenga impacto real, hará falta coordinación entre gobiernos, inversión sostenida, vigilancia ciudadana y una nueva cultura del cuidado del agua por parte de todas y todos. Ninguna ley puede resolver por sí sola décadas de rezagos, pero sí puede marcar una ruta, poner límites, abrir espacios de diálogo, obligar a la modernización y asegurar que el agua sea tratada como lo que es: un derecho, no un privilegio.
Lo más valioso es que esta ley mira hacia adelante. Entiende que México ya no puede darse el lujo de administrar la escasez con improvisación ni de permitir que el agua siga siendo motivo de desigualdad. Al priorizar necesidades sociales, al reforzar la planeación técnica, al combatir la opacidad, al incluir a las comunidades y al proteger el medio ambiente, esta legislación representa un paso firme hacia un país más justo y más preparado para los tiempos que vienen.
En un momento donde todo parece dividir, esta ley ofrece un punto de encuentro: el reconocimiento de que el agua es de todas y todos, y que cuidarla, distribuirla con equidad y garantizar su acceso es un acto de responsabilidad generacional. Hoy México da un paso importante.
Sobre la Firma
Ingeniero, funcionario estatal y columnista morenista.
omar.carrera@zacatecas.gob.mx
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