Zacatecas, Zac.- Cuatro agentes de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí fueron vinculados a proceso por un juez en Zacatecas, acusados de delitos relacionados con la desaparición forzada de personas. La decisión judicial ocurre tras el hallazgo de siete cadáveres el 23 de noviembre en la frontera de ambos estados, hecho que desató una ruptura y una escalada de acusaciones entre los gobiernos de David Monreal y Ricardo Gallardo Cardona.
Los agentes —identificados como María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N”— fueron detenidos en territorio zacatecano el día del hallazgo. La detención se produjo cuando transitaban en un vehículo oficial sin rotular que, según las autoridades de Zacatecas, presentaba rastros de sangre, vinculándolos con el abandono de los cuerpos localizados minutos antes en un camino de terracería en el municipio de Villa de Cos, cerca del límite con San Luis Potosí (SLP). El juez dictó prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
El incidente ha exacerbado un conflicto político subyacente entre ambas entidades por la responsabilidad de la violencia en la frontera, una zona descrita como controlada por grupos criminales. El gobernador de SLP, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que existe “total certeza” de que los cuerpos no corresponden a personas asesinadas en su estado, sugiriendo que las víctimas se originaron en Zacatecas. Gallardo lanzó una acusación grave, insinuando que las corporaciones de Zacatecas pudieron haber movido o “sembrado” los cuerpos en territorio potosino con el fin de manipular sus propias cifras de homicidios.
La respuesta de Zacatecas fue inmediata. Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, calificó las expresiones de Gallardo como “inexactas” y rechazó categóricamente la acusación de maquillar cifras, recordando la supuesta disminución del 70% en homicidios en su estado. El funcionario solicitó a SLP, en caso de tener más información sobre las cinco víctimas aún sin identificar (solo dos han sido oficialmente reconocidas), que la compartiera para avanzar en el caso.
El Fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, exhortó a los gobiernos a cesar el dilema sobre a quién corresponde contabilizar las víctimas y a enfocarse en la investigación para dar respuestas a los familiares. Este choque institucional, sumado a la lentitud inicial de la Fiscalía de SLP para integrarse a la investigación conjunta, ha generado una profunda desconfianza bilateral, poniendo en duda la cooperación efectiva entre ambos estados.
Ante el clima de tensión y la disputa política que podría “desplomar” la investigación, Zacatecas ha planteado la necesidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso. Reyes Mugüerza consideró que la intervención federal sería “sana” y “muy conveniente” para indagar a fondo la actuación de las autoridades de ambos estados.
La Fiscal de SLP, María Manuela García Cázares, también reiteró la disposición de su dependencia a colaborar plenamente en caso de que la FGR asuma la competencia. El incidente evidencia que, a pesar de las afirmaciones de buena relación, la coordinación real en una frontera con alta incidencia criminal se ha visto comprometida.
LNY | Redacción