Zacatecas, Zac.- Alumnado del Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas (Camzac) levantó el paro de actividades tras pactar con la Secretaría de Educación la separación temporal de siete funcionarios, exigiendo el fin de la impunidad y el encubrimiento institucional de al menos cinco casos de hostigamiento sexual y laboral.
El plantel, una escuela fundamental para la formación de docentes con una matrícula de más de 280 alumnos, retomará sus actividades académicas de manera ordinaria luego de que la mesa de atención a los manifestantes, encabezada por el subsecretario académico Armando Delgadillo Ruvalcaba, lograra pactar acuerdos que dieran certeza académica y laboral a la institución. La medida central de la Secretaría de Educación (SEZ) fue la separación temporal de funciones de siete integrantes de la plantilla.
Esta determinación, explicó el funcionario, fue adoptada en apego a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los protocolos estatales contra el acoso y hostigamiento sexual y/o laboral. La dependencia educativa actuó ante las denuncias de alumnas cuyos derechos, argumentó, son prioridad. No obstante, la crisis en el Camzac, que llevó a la toma del plantel alrededor del 25 de noviembre por parte de estudiantes y el colectivo «Rompiendo el silencio», trasciende un simple conflicto laboral o la aplicación de un protocolo temporal.
La comunidad educativa sostiene que el movimiento es una respuesta a una profunda crisis ética e institucional que ha permitido la violencia normalizada y la omisión directiva. El pliego petitorio, calificado como una advertencia ética, denunció que la institución ha permitido, minimizado o encubierto conductas que han vulnerado sistemáticamente a las estudiantes. La acusación central es que la institución, al silenciar las quejas, transmite que “la violencia es posible, el silencio es preferible y la impunidad también educa”, invalidando de facto el derecho a la educación en un entorno seguro.
Las acusaciones de encubrimiento no se basan en rumores, sino en la existencia de denuncias formales y documentadas presentadas ante instancias gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, el Comité de Ética de la SEZ y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El pliego acusó directamente a la dirección, la subdirección y el área psicopedagógica de conocer las denuncias y optar por el silencio, el archivo o la dilución de la evidencia. Se señaló, como patrón de ocultamiento sistemático, la desaparición del buzón del 8M y el manejo irregular del buzón psicopedagógico. Los manifestantes advirtieron que la seguridad de los estudiantes “importa menos que el poder” de los presuntos agresores.
Las ocho exigencias clave planteadas por la comunidad contrastan con el acuerdo de separación temporal. Los estudiantes demandaron la destitución inmediata y definitiva de los docentes formalmente denunciados, así como de los directivos implicados en el encubrimiento institucional. Asimismo, solicitaron una investigación externa, imparcial y con enfoque feminista para evitar conflictos de interés, y una auditoría independiente del manejo histórico de las denuncias.
Finalmente, exigieron la publicación transparente de los resultados, un reconocimiento público del daño institucional y la garantía absoluta de no represalias académicas o laborales. El debate ético en el Camzac se condensa en la declaración final del pliego: “La impunidad NO puede seguir siendo un valor pedagógico en el Camzac.”
LNY | Redacción