CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La escena se repite como un mal presagio: maestros en la calle, aulas vacías, un bulevar tomado mientras el gobierno insiste en que todo marcha “con normalidad”.
Zacatecas, ese estado que alguna vez presumió tener una de las plantas docentes más comprometidas del país, hoy se mira al espejo y descubre que su crisis educativa ya no es un accidente, sino un síntoma.
La fractura viene de dentro: un gobierno que empuja la federalización de la nómina magisterial como si fuera una cirugía necesaria —y quizá lo sea—, pero sin anestesia ni consentimiento informado.
La Seduzac, a través de su titular, Gabriela Pinedo Morales, insiste en que no hay marcha atrás. El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, acompaña la sentencia con la serenidad de quien repite un mandato inevitable.
El déficit de dos mil 500 millones de pesos ahoga las finanzas estatales, y la transferencia de entre 847 y 874 plazas al FONE promete aliviar, según la versión oficial, 356 millones de pesos por año. Para el gobierno, el argumento es simple: no es un capricho, es supervivencia.
La narrativa se completa con promesas que suenan a palmadita en el hombro: certeza laboral, pago puntual, acceso a crédito hipotecario. Si aceptan, dicen, los docentes podrán recuperar sus cuotas del Issstezac y recibir un estímulo extraordinario de 37 mil pesos.
Un trato que, presentado en conferencia, parece pensado para convencer, pero que en la calle se traduce en otra cosa: un intento de “comprar la conciencia”, como lo han llamado los propios inconformes. Porque cuando la nómina es un problema, el magisterio termina convertido en moneda.
El gobierno asegura que el proceso es transparente, voluntario, acompañado por la dirigencia del SNTE 58. Pero “voluntario” es una palabra maleable cuando la soga financiera aprieta. En teoría, no hay imposición; en la práctica, la urgencia del Estado se convierte en una sombra que empuja a los trabajadores a decidir entre lo incierto y lo insostenible.
No es difícil comprender por qué la confianza se ha erosionado: en Zacatecas, la memoria corta alcanza para recordar reformas que prometieron certezas y entregaron sacrificios.
La resistencia se organiza desde las escuelas, las calles, las estructuras sindicales: la Sección 58 y la Sección 34 del SNTE, el Frente por la Soberanía Popular, El Barzón, el SUTUTEZ. Marchan. Bloquean. Exigen lo que en cualquier democracia funcional debería darse sin protestas: diálogo, documentos, claridad.
Marcelino Rodarte Hernández, líder del SNTE 58, acusa al gobierno de dar la espalda al magisterio, de querer únicamente “despresurizar” el gasto a costa de quienes sostienen el sistema educativo.
El otro frente de batalla es la información. El sindicato habla de datos sesgados, omisiones, lagunas. Quiere saber qué ocurrirá con el sistema de pensiones. No con discursos, sino con papeles.
Exigen una mesa de negociación encabezada por el todavía inquilino de La Casa de los Perros o por el bomberito de la nueva gobernanza Rodrigo Reyes Mugüerza, acompañada de representantes federales. Lo quieren tripartita, formal, con garantías. No más reuniones improvisadas, no más explicaciones que cambian según el micrófono.
Mientras tanto, la narrativa oficial intenta reducir el conflicto a un gesto de unos cuantos. Se minimiza la protesta: que son pocos, que el paro es menor, que las escuelas trabajan con normalidad. Pero cualquiera que intente transitar el bulevar bloqueado, que hable con los padres sin clases desde hace días, sabe que esa “normalidad” es un artificio. Una forma de negar lo evidente: que Zacatecas vive un conflicto educativo del tamaño de su propia fragilidad financiera.
Y en el centro de todo, late una pregunta que ningún boletín gubernamental quiere responder: ¿cómo se concilia un gobierno que se autodenomina humanista con políticas que sus propios trabajadores interpretan como imposiciones disfrazadas? La 4T prometió reivindicar a quienes sostienen los servicios públicos, pero en Zacatecas, la aritmética fiscal ha terminado por imponerse al discurso.
Aquí se enfrenta algo más profundo que el traslado de plazas. Se confrontan dos visiones del magisterio: la del Estado, que lo mira como una carga presupuestal que debe acomodarse para sobrevivir, y la de los docentes, que se ven a sí mismos como el corazón de un servicio público que no puede regatearse. Para unos, la federalización es una panacea contable; para otros, un salto al vacío sin garantía de aterrizaje.
El resultado es una fractura que crece: un gobierno atrapado por las cifras, un magisterio atrapado por el miedo a perder lo poco que ha ganado, y una ciudadanía atrapada entre aulas cerradas y funcionarios que creen que la educación es un tema administrativo y no un derecho.
Zacatecas no está únicamente discutiendo la federalización de su nómina; está debatiendo qué tipo de estado quiere ser. Uno que negocia con su gente desde la transparencia o uno que la empuja desde la necesidad. Uno que honra su palabra con documentos o uno que pide confianza ciega. Uno que entiende que la dignidad no se compra ni con 37 mil pesos ni con discursos.
Porque hay momentos en que la crisis deja de ser financiera y se vuelve moral. Y ahí, justo ahí, es donde este gobierno parece no haberse dado cuenta de que está perdiendo algo que no aparece en ningún presupuesto: la confianza de quienes enseñan a Zacatecas a leer, a contar, a pensar. Sin ellos, ninguna federación salvará lo que aquí se está desmoronando.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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