CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En Zacatecas, la tecnología ha corrido más rápido que la ley. Y en esa carrera desigual, 400 niñas quedaron atrás. La Secundaria Técnica 1 “Lázaro Cárdenas” no sólo es hoy un caso policial: es el espejo donde se refleja la precariedad de un Estado que no entiende su tiempo.
Un adolescente de 14 años usó Inteligencia Artificial para fabricar imágenes pornográficas con los rostros de sus compañeras. Un acto que mezcla morbo, poder y tecnología, y que deja una pregunta urgente: ¿qué tan preparada está la justicia para perseguir un crimen que ni siquiera sabe nombrar?
Las cifras son brutales: 80 denuncias formales, 400 víctimas potenciales, tres presuntos agresores. El autor intelectual, un menor que merodeaba los baños para tomar fotos rápidas, alimentó después una aplicación de IA que fabricó cuerpos ajenos con rostros conocidos. Luego vino la clasificación: nombres, grupos, grados, carpetas alojadas en la nube y publicadas en Instagram. No era una broma. Era un catálogo.
La Fiscalía General de Justicia del Estado, encabezada por Cristian Camacho Osnaya, confirmó lo evidente: aunque los cuerpos no sean reales, el daño sí lo es.
La manipulación digital de imágenes íntimas constituye una agresión sexual. Zacatecas fue pionero en la Ley Olimpia, pero hoy su Código Penal parece una reliquia de otro siglo frente a la velocidad de la IA.
El caso no es aislado. En 2023, en el Instituto Politécnico Nacional, un estudiante alteró 166 mil fotografías y 20 mil videos. Fue absuelto inicialmente del delito contra la intimidad sexual porque las imágenes “no eran reales”. Lo condenaron por trata de personas, no por violencia digital.
La justicia tardó meses en encontrar el nombre correcto para una atrocidad que la tecnología ejecutó en segundos.
El agresor adolescente enfrenta un posible internamiento de hasta tres años, la sanción máxima para su edad. Pero mientras un joven paga, la estructura adulta que falló se sacude la responsabilidad.
El director y la trabajadora social de la escuela fueron separados de su cargo, acusados de la peor de las complicidades: minimizar el caso como una “broma pesada”, un eco de la revictimización que no cesa.
El Movimiento Feminista de Zacatecas ha señalado que el material creado podría configurar delitos federales de pornografía infantil, elevando la gravedad del asunto.
La abogada Cristela Trejo Ortiz demanda una justicia reparadora y educativa para víctimas y agresores. Sin embargo, ¿cómo se repara un daño cuando las herramientas de prevención y sanción están “en la congeladora”?
El Congreso del Estado se muestra incapaz de responder con la celeridad que exige una crisis de esta magnitud. La diputada Isadora Santivañez Ríos advirtió con razón el vacío legal de la IA, que permite a los agresores argumentar que las imágenes son “falsas” o “artificiales”.
Su iniciativa, orientada a reformar la Ley Olimpia para incluir la manipulación con IA y endurecer las penas contra delitos que afectan a menores, sigue pendiente de dictamen.
Peor aún, la iniciativa de la diputada Renata Ávila Valadez, presentada desde enero de 2025 para tipificar precisamente la manipulación de imágenes con IA, ha permanecido inmovilizada en la Comisión de Justicia.
La lentitud legislativa no es únicamente ineficacia; es un acto político de facilitación de la violencia.
Mientras los diputados demoran el debate de una ley que podría proteger a los niños —incluso la propuesta de prohibir celulares en primarias y secundarias—, el daño se propaga.
Zacatecas enfrenta una emergencia silenciosa: la de un marco jurídico incapaz de nombrar los nuevos delitos del siglo XXI. La Ley Olimpia fue una conquista del activismo, pero su alcance se ha quedado corto frente al poder de la manipulación digital. Cada día que el Congreso retrasa una reforma, el vacío legal se ensancha. Cada omisión institucional —del director que minimiza, del maestro que justifica, del diputado que pospone— se vuelve cómplice.
Porque aquí, las niñas no solo fueron víctimas de un ataque tecnológico. También lo fueron de la negligencia, del silencio y de la burocracia. No se trata de castigar a un adolescente como criminal, sino de entender que el verdadero crimen es la indiferencia adulta.
La IA ha puesto un espejo frente a nosotros, y la imagen que devuelve no es artificial: es el retrato de un Estado que no sabe qué hacer con su futuro. Mientras los algoritmos avanzan, la ley sigue en modo avión.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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