Provoca desigualdad e inseguridad, deducir impuestos en colegiaturas: UAZ
La situación de inseguridad y violencia que vive el país es provocada por la desigualdad, y esta última aumenta con estrategias equivocadas a nivel federal, como el hecho de deducir impuestos en el pago de colegiaturas escolares, aseguró el rector de la UAZ, Francisco Javier Domínguez Garay.
Durante su participación en la mesa redonda sobre seguridad pública, organizada por estudiantes de la Unidad Académica de Derecho, el rector expresó que con la exención de impuestos a la educación privada, en lugar de abonar a que disminuya la desigualdad, lleva a que ésta se incremente.
Por otra parte, Domínguez Garay consideró que los partidos políticos utilizan el tema de la inseguridad para cuestionar a quienes están al frente del gobierno en este momento. Ante ello, planteó la necesidad de promover un gran acuerdo que contribuya a la paz social, haciendo a un lado “el cálculo político y de coyuntura”.
En su exposición, el rector señaló que más que referirse al problema de la seguridad pública, debe hacerse “al problema que ha significado el crecimiento de la inseguridad pública”. E insistió en que es un problema complejo, que “no se resuelve con soluciones simplistas.
Se requiere –prosiguió– de la acción, “la voluntad y la participación de todos los actores sociales, de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipales), de los partidos políticos, de la sociedad civil, de las instituciones educativas y los medios de comunicación”.
De la misma manera, el Rector expuso que “es indispensable reforzar y ampliar programas adicionales que ataquen de fondo los problemas que causan la violencia y la inseguridad”, erradicando la pobreza, la desigualdad y la injusticia: “Generar oportunidades de empleo, porque el empleo es el mejor mecanismo para la distribución de la riqueza social; garantizar la seguridad social con cobertura universal”.
La Educación Como Prioridad
Al tiempo de destacar la necesidad de dar la máxima prioridad a la educación en todos los niveles, dijo que es indispensable una política de Estado en esta materia, sobre todo considerando el papel central que juega la educación pública superior.
De la misma manera, Domínguez Garay externó su convicción de la necesidad de “un buen diagnóstico como requisito fundamental para diseñar las políticas públicas que atiendan este problema” y que distinga las causas de los efectos. Y añadió: “Además de plantear alternativas para atender la complejidad del problema, es esencial la visión desde la academia, desde los centros de educación e investigación”.
El rector manifestó en ese contexto que a la par que se redefine la política económica, se hace indispensable establecer programas y acciones para combatir la inseguridad pública. No obstante, reconoció, “una condición necesaria es el cumplimiento de la Constitución, las leyes y el cuidado de las instituciones públicas. Los ciudadanos –sentenció– deben recuperar la confianza en las instituciones”.
