Zacatecas, Zac.- La cancelación del polémico viaducto elevado en Zacatecas desató una batalla política, legal y social que expuso desvíos de recursos, opacidad y la resistencia ciudadana ante un proyecto sin sustento técnico ni legal. El gobierno estatal, tras meses de insistir en su construcción, dio marcha atrás, pero ahora enfrenta demandas para esclarecer el destino de los 3,652 millones de pesos mal asignados.
La asociación Ciudadanía Participativa exigió al Congreso del Estado convocar una sesión extraordinaria para investigar tres irregularidades clave: la desviación presupuestal que financió el viaducto, la creación ilegal de un fideicomiso para ocultar fondos y la asignación directa de la obra a la empresa Hycsa sin licitación.
Rodolfo García Zamora, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), señaló que el dinero debió destinarse a prioridades reales: carreteras en ruinas, el campo abandonado, escuelas deterioradas y la crisis de desaparecidos. “El gobierno actuó con un criterio patrimonialista, como si los recursos fueran suyos”, afirmó.
Desde el inicio, el proyecto careció de permisos y estudios técnicos. Pese a las demandas ciudadanas para transparentar el proceso, el gobierno avanzó en diciembre con construcciones ilegales, mintiendo sobre la documentación requerida. La respuesta ciudadana fue contundente: 136 amparos presentados, con 16 suspensiones provisionales y 9 definitivas, hasta que el Poder Judicial frenó la obra.
García Zamora recordó que, incluso después de las suspensiones, el gobernador David Monreal aseguró que el viaducto se haría “tarde o temprano”. Horas más tarde, su secretario general, Rodrigo Reyes —a quien críticos llaman “el prefecto impuesto por su hermano Ricardo”— anunció la cancelación. “Fue un espectáculo de incompetencia y cinismo”, dijo el académico.
El dinero fantasma y la repartición discrecional
Ahora, el conflicto se centra en el destino de los 3,652 millones desviados. García Zamora denunció que el gobierno planea repartirlos en obras como la autopista Zacatecas-Aguascalientes, sin consultar a la ciudadanía o al Congreso. “Esos fondos fueron robados a hospitales, escuelas y carreteras. No pueden usarse a conveniencia del gobernador”, insistió.
Javier Calzada, activista, destacó el papel clave de abogados como Darío del Real y José Manuel Hermosillo, quienes lograron las suspensiones sin cobrar honorarios. Aún quedan 500 amparos pendientes, y se prepara una nueva recolección de firmas con más de 2,000 participantes.
El gobierno contra jueces y ciudadanos
En su anuncio, el secretario Rodrigo Reyes acusó al Poder Judicial de corrupción por las suspensiones, una narrativa que los activistas rechazan. “Presentamos pruebas de las irregularidades; el gobierno no aportó ni un documento que justificara el viaducto”, dijo Hermosillo, quien prepara una demanda por omisiones contra el Congreso y las secretarías involucradas.
Las encuestas respaldan el rechazo social: 80% de los zacatecanos se oponían al proyecto. García Zamora subrayó que, tras 16 meses de lucha, esta victoria debe recordarse como un hito en la defensa del interés público. “El 27 de mayo es un día histórico. Pero la pelea no termina: seguiremos exigiendo transparencia en cada peso desviado”.
La pregunta ahora es si el Congreso actuará o permitirá que el gobierno estatal gaste esos millones a discreción. Mientras, Zacatecas sigue esperando que los recursos regresen a donde siempre debieron estar: en sus necesidades urgentes.
LNY/Redacción
