OSVALDO ÁVILA TIZCAREÑO
He reiterado en numerosas ocasiones las responsabilidades que obligan a los municipios a proveer servicios públicos. He señalado que la disminución y centralización de los recursos federales ha provocado recortes programáticos y ha reducido a muchos ayuntamientos a ser meros pagadores de nóminas. Incluso, en un afán de control excesivo, se tiende a fomentar el subejercicio presupuestario para que los recursos regresen al erario nacional. De este modo, el gobierno central puede disponer de ellos sin la camisa de fuerza que impone el presupuesto de egresos aprobado por los legisladores.
Aunque lo anterior es cierto y se agrava por la impericia de los nuevos funcionarios, lo cierto es que existen acciones, dentro de sus atribuciones constitucionales, que podrían cumplirse sin dificultad. Incluso, algunas podrían encauzarse correctamente para incrementar los ingresos mediante el pago de impuestos. En mi opinión, se trata de dos rubros significativos que, de atenderse con verdadera intención, mejorarían el bienestar social de los ciudadanos. Veámoslos.
En primer lugar, el Artículo 115 de nuestra Carta Magna establece las obligaciones de los ayuntamientos en materia de servicios públicos. Permítanme compartir un extracto:
“Los municipios son responsables de servicios públicos clave como el agua, drenaje, limpia, alumbrado y mercados, y deben tener un régimen basado en la ley para administrar su patrimonio y ejercer funciones públicas”.
Lo anterior fundamenta que las obras de infraestructura básica —como alcantarillado, energía eléctrica, bacheo— o los problemas del comercio son facultad y obligación de la autoridad local. Cualquier municipio, incluso los más pequeños, puede realizar esta labor; muchos de ellos cuentan con el equipo mínimo para balizar, reparar luminarias o arreglar calles.
Entonces, ¿cuál es la causa de la cerrazón? ¿Por qué, incluso para arreglar una lámpara, se maltrata a los peticionarios? ¿Acaso habrá soberbia? ¿Rechazo al pueblo por parte de los ungidos funcionarios?
Pero hay más. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la regularización de colonias, un trámite que les da certeza sobre su patrimonio a las familias y además les permite recabar impuesto predial para contar con recurso, aquí también conviene referirse al 115:
“Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles”.
De lo leído anteriormente se derivan dos cuestiones trascendentales. Los ayuntamientos tienen facultades que de hacerlas efectivas beneficiarían a su población dándoles legalidad y urbanización progresiva y abriendo la posibilidad de recibir ingresos a la hacienda municipal.
A pesar de existir esas premisas, es decir atribuciones legales y fuente de recursos, lo cierto es que en la práctica acontece lo contrario doy dos ejemplos que creo resultan ilustrativos:
En primer lugar, está Valparaíso, gobernado por Guadalupe Ortiz Robles, emanada de Morena. Sus subalternos —¿o serán acaso indicaciones de la alcaldesa?— dan cátedra de demagogia, desdén, prepotencia y desatención. A pocos meses de haber asumido la administración, mis compañeros acudieron a exponer demandas sociales relacionadas con servicios básicos y, sobre todo, con la regularización de colonias. Para su sorpresa, los recibió la presidenta, quien manifestó su disposición a resolver los problemas.
Los meses han pasado y no hay avances, solo evasivas reiteradas. Pero hay más: el pasado miércoles 20 agendamos una cita con funcionarios estatales. Sin embargo, esa misma mañana notificaron a mis compañeros que el gobernador había llamado a la presidenta municipal. Debido a esto, fuimos atendidos por el Síndico y otros funcionarios de primer nivel, quienes se comprometieron a acudir al día siguiente a una reunión en el gobierno del estado. No obstante, nadie se presentó y la cita se reprogramó para la siguiente semana. Una vez más, el gobernador llamó a Ortiz Robles y nos propusieron que acudiría al encuentro en Zacatecas, pero esto tampoco sucedió. No solo no hay soluciones, sino que, como si se tratara de infantes, pretenden engañarnos con supuestas reuniones.
En segundo lugar, en Pánuco gobierna por tercera ocasión Juan Rodríguez Valdez, emanado del PRI. Desde el trienio anterior, solo tuvo a bien recibir a la dirigencia antorchista para reclamarle “indisciplinas” a su proyecto. Ahora, en este periodo gubernamental, prometió que atendería algunas peticiones; sin embargo, el tiempo ha pasado y, a la fecha, no ha cumplido: ni siquiera con un vaso de agua para sus gobernados organizados en el antorchismo.
Hay otros casos de los que me ocuparé en otro momento pero, Valparaíso y Pánuco son un botón de muestra y contestando la pregunta inicial, si consideramos que existen las atribuciones legales, e incluso se favorecería al municipio ¿qué revela la falta de respuestas?
Con su actitud ambos ediles demuestran que hay desdén a los ciudadanos organizados, se ve claramente la soberbia y el menosprecio al pueblo, pues la cerrazón no son actos propios de un partido o gobernante con cierta ideología y por eso se comportan igual un priista y una morenista, sus conductas son atribuibles a todo aquel que asume responsabilidades públicas y no entiende que estas son transitorias y por ende debe tensar sus capacidades para atender a la ciudadanía.
¿Qué hacer ante tal actitud? ¿Desistir, abandonar el derecho ciudadano?, nada de eso, sólo el camino de la lucha llevará a la solución de las demandas, o en su defecto van a desenmascarar a los enemigos del pueblo, esa es la tarea de hoy, no hay de otra.
Sobre la Firma
Columnista social con formación y militancia
osvaldo_avila@hotmail.com
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