¿Quién protege la vida de las mujeres?
¿Cuántas vidas más tienen que brindar las mujeres para que sea declarado estado de alerta el país y tomar las medidas necesarias para proteger sus vidas?, ¿De qué tamaño debe ser la tragedia para que el Estado mexicano deje de despreciar la vida de sus ciudadanas?
Por inacción, omisión, incapacidad o lo que sea a lo que aludan las autoridades, hay víctimas que no son protegidas, y no cuentan con la reparación del daño. Las mujeres siguen todos los días perdiendo sus vidas ante la inercia de gobiernos, autoridades y sociedad.
Homicidios de mujeres de todas las edades, profesiones, religiones, clases sociales, etnias, razas, preferencias sexuales, deben ser investigados y localizar a los culpables.
Todas vivimos el riesgo permanente ante la inacción de un Estado omiso que nuevamente tiene que rendir cuentas ante las autoridades internacionales.
En esta ocasión, el caso que se dirime ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), es el de la adolescente Paloma Angélica Escobar Ledezma, quien desapareció el 2 de marzo de 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua y fue hallada muerta 27 días después en la zona conocida como «El Campo Algodonero» (nota de Cimacnoticias viernes 6 de agosto 2010).
La lista de mujeres asesinadas sigue incrementándose cada día en todas las entidades federativas del país. ¿Por qué? , me pregunto, cuando hemos logrado leyes e instancias gubernamentales para que actúen y protejan a las mujeres.
Un ejemplo es la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra), creada en 2006, y cuya misión, dice, es la de contribuir a la procuración de justicia, la igualdad de género y el Estado de derecho.
Pero a cuatro años de la creación de la Fiscaliza y de tres fiscales, cientos de mujeres, niñas y adolescentes han sido asesinadas y otras más viven en situación de trata.
¿Dónde está la justicia para ellas? ¿Dónde estuvo la justicia para Paloma? En el país no, y por eso su madre tuvo que recurrir a la instancia internacional.
Más reciente, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), creada en junio de 2009, dicen que como un compromiso del Gobierno Federal para cumplir con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a diversos Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos por México en la materia.
Es la responsable de coordinar las acciones para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero que a ciencia cierta aún no sabemos que tanto se avanza, se retrocede o se disimula.
Cuantos recursos hay depositados en esas instancias y muchas otras en los estados del país y en los municipios, pero ¿cuáles son sus resultados reales de acuerdo a sus objetivos de creación?
Qué seguimiento hacen las legisladoras de estas instancias, cómo supervisan el ejercicio de los recursos públicos. Como actúan unas y otras, colaboran entre ellas, se duplican acciones, preguntas y más preguntas.
Mal síntoma para una nación tener que dirimir temas de justicia nacional en instancias internacionales, eso refleja la debilidad de su democracia y de su sistema de justicia. Después de Perú, México es el segundo país con más casos de demanda de justicia en el sistema interamericano.
Grave también es que nuevamente la violencia contra el ejercicio periodístico, contra las y los periodistas siga teniendo más víctimas que respuestas de Estado, aquí también Fiscalías y fiscales van y vienen, y la agresión, el secuestro y asesinato de periodistas sigue boyante.
No hay excusa que valga, cuando la vida de las personas es la que se pierde, no hay justificación alguna de parte de autoridades.
Cuando lo que se tiene es «mucho ruido y pocas nueces», mal augurio para las naciones y su ciudadanía.
