RAFAEL CANDELAS SALINAS
México tiene homicidios, desapariciones, extorsiones, huachicol, corrupción, fraudes y delincuencia organizada. Pero entre tantas urgencias alguien encontró otra amenaza para la República: los memes.
Parece broma, y quizá ese es el problema, que a quiénes ahora detentan el poder, parece que no les gustan las bromas.
En unos cuantos días hemos conocido dos reformas diferentes que han encendido las alertas sobre la libertad de expresión.
La primera modifica la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal. Su polémico artículo 403 Bis establece penas de uno a cinco años de prisión para quien utilice, reproduzca o imite, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito.
El gobierno asegura que busca combatir fraudes y suplantaciones, no memes ni parodias. Y tiene razón en algo, si alguien utiliza la imagen del gobierno para hacerse pasar por una autoridad, engañar o cometer un fraude, debe ser perseguido. Para eso existe el derecho penal.
El problema comienza cuando una norma puede generar dudas sobre si también podría alcanzar expresiones legítimas de crítica, sátira o parodia política.
La polémica no había terminado cuando apareció otra reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que aumenta la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet por contenidos publicados por sus usuarios y contempla incluso terminar el servicio a quienes sean considerados infractores reincidentes.
Tampoco dice: “quedan prohibidos los memes”.
Pero ¿qué creen que va a hacer una plataforma cuando se enfrente a la disyuntiva de mantener o borrar una publicación que puede significarle responsabilidad y multas millonarias?
Probablemente borrar primero y preguntar después.
Y entonces ya ni siquiera necesitamos un censor sentado en una oficina gubernamental, la censura puede terminar haciéndola preventivamente una plataforma o hasta un algoritmo. Ese es el verdadero riesgo, imponer mecanismos que hagan más fácil retirar una crítica que defenderla.
Y todo esto ocurre en un país donde hablar, investigar y cuestionar al poder no siempre ha resultado barato.
Hace unos días, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley publicó una investigación sobre el sexenio de López Obrador. Documentó el asesinato de 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, además de hostigamiento digital, vigilancia y estigmatización, en un escenario donde, según el estudio, la impunidad de los delitos contra estos grupos osciló entre 93 y 99 por ciento.
Eso no significa que el gobierno haya ordenado esos asesinatos, pero sí obliga a reflexionar sobre el ambiente que se genera cuando desde el poder se señala y descalifica sistemáticamente a quienes investigan, cuestionan o incomodan.
Y aquí hay algo que nuestros gobernantes deberían tener pegado en la pared de sus oficinas: quien ejerce el poder tiene un deber reforzado de soportar la crítica.
No es una ocurrencia, lo ha sostenido la Suprema Corte; también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, del otro lado del Atlántico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “quien decide participar en la vida pública se somete a un escrutinio mayor y debe tener un umbral de tolerancia mucho más amplio que cualquier ciudadano”.
Dicho en otras palabras: si no quiere que lo critiquen, que no gobierne.
Y la crítica no siempre es elegante ni respetuosa. Puede ser incomoda, mordaz, sarcástica y hasta de mal gusto. Puede ser una caricatura, una parodia o, en nuestros tiempos, un meme.
Porque el meme no inventó la burla política. Muchos de nosotros crecimos interpretando y riéndonos con grandes caricaturistas en los periódicos y mucho antes se hizo con los pasquines. Los poderosos han sido ridiculizados desde que existen el poder y alguien suficientemente ingenioso para burlarse de él. Lo que cambió fue la velocidad y la posibilidad de que muchos más lo puedan hacer.
¿Hay límites?
Por supuesto, la libertad de expresión no protege la comisión de delitos. Si alguien utiliza una imagen, una voz, un logotipo o cualquier otro instrumento para engañar, defraudar, amenazar o cometer un delito, que se le investigue y sancione.
Pero el límite debe ser el delito, no la incomodidad del gobernante.
La cárcel no puede convertirse en una amenaza sobre la cabeza de quien critica, caricaturiza o se burla del poder; tampoco podemos construir mecanismos que incentiven a las plataformas a retirar contenidos simplemente para evitarse problemas.
Abrir la puerta a la censura y a la persecución de voces críticas es peligroso, ningún argumento justifica limitar indebidamente la libertad de expresión, porque la crítica no siempre viene escrita con solemnidad, a veces viene envuelta en ironía, caricatura, parodia o meme.
La crítica envuelta en humor debe estar protegida. El ciudadano no tiene obligación de cuidar la sensibilidad de quien gobierna, es exactamente al revés, quien acepta el poder acepta también un deber reforzado de soportar la crítica.
Por eso la frontera debe quedar perfectamente clara, si hay delito, que se persiga el delito. Pero si hay crítica, sátira, caricatura, parodia o simplemente un meme incómodo, que el poder aprenda a soportarlo. Porque una democracia en la que el gobernante pretende decidir hasta dónde podemos reírnos del poder empieza a parecerse demasiado a censura.
Nos leemos el próximo miércoles con más del Dedo en la Llaga.
Sobre la Firma
Jurista, exlegislador y columnista sin concesiones.
rafaelcandelas77@hotmail.com
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