JUAN JOSÉ MONTIEL RICO
¿Cuál habrá sido la sorpresa del gobernador David Monreal cuando, al inicio de su sexenio, se topó con un escenario financiero asfixiante para su administración? Con Miguel Alonso Reyes la deuda pública creció de manera desproporcionada, al pasar de un pasivo manejable de mil 600 millones con Amalia García a más de 32 mil millones de pesos. Una inercia destructiva que prácticamente se mantuvo durante el quinquenio de Alejandro Tello y comprometía más del 50 por ciento del presupuesto estatal.
Tristemente, este endeudamiento no se usó para construir carreteras, hospitales o universidades, más bien se metió dentro de una licuadora para pagar nóminas, gasto corriente y baches operativos. Esa herencia maldita condicionó severamente el margen de gasto del actual gobierno, obligando al gobernador a implementar una ferrea política de austeridad con la cuál ha logrado cubrir, de acuerdo con lo dicho en su último informe, más de siete mil millones de pesos de una deuda que su administración no pidió. Bajo este dramático contexto, es comprensible que el ejecutivo impulse una política de “cero deuda”.
Sin embargo, en el análisis técnico, hay que trazar una línea clara entre el endeudamiento malo y el financiamiento bueno. El “malo” es el que padecimos en los últimos sexenios: pedir prestado para comer hoy y heredar esa cuenta a las próximas generaciones; por el contrario, el “bueno” es una palanca financiera vital para cualquier sociedad. Consiste en utilizar recursos para proyectos de inversión que ofrecen rendimientos económicos o sociales. Si estigmatizamos la deuda por completo, le imponemos a las siguientes administraciones una camisa de fuerza que puede paralizar el desarrollo.
Recientemente, el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para elevar a rango constitucional la prohibición de contratar nueva deuda pública para el Estado, los municipios y sus entes públicos, imponiendo una serie de controles y candados que hacen eco a las disposiciones federales en materia de disciplina financiera. El problema, creo, es que en la propuesta de reforma a los Artículos 65 de la Constitución local y el 5 Bis de la Ley de Deuda, se prohibe definitivamente el endeudamiento salvo en tres escenarios catastróficos: desastres naturales, emergencias sanitarias o crisis económicas severas. Creo que limitar este tipo de financiamiento, exclusivamente a contingencias y tragedias, le quita al Estado la posibilidad de ser proactivo.
Para que esta reforma sea un verdadero motor de crecimiento, la salida es flexibilizarla de forma inteligente. Se debería incorporar una cuarta condición que permita el uso de deuda única y exclusivamente para proyectos estratégicos de inversión pública productiva que acrediten ser financieramente viables y autosustentables, cumpliendo con los estrictos controles estatales y federales.
De hecho, hoy nuestro estado cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su último Sistema de Alertas, la deuda de Zacatecas se ubica en el “semáforo verde”, es decir, tenemos un endeudamiento sostenible. Esto demuestra que las herramientas de control institucional funcionan y desmitifica la idea de que cualquier crédito es tóxico.
Además, no conviene ignorar la realidad de los municipios. Seguir aplicando esta prohibición absoluta a los ayuntamientos, cuyas finanzas de por sí son frágiles y limitadas, es condenarlos a la parálisis operativa. Si un alcalde necesita modernizar su red de agua potable, adquirir camiones recolectores de basura o renovar el alumbrado con tecnología que se paga sola, no podrá hacerlo al no tratarse de una emergencia. La solución podría ser crear un régimen especial municipal, que les permita adquirir financiamiento estrictamente para servicios básicos y obligue que el adeudo sea saldado antes de concluir el trienio.
Satanizar el crédito puede sonar bien en la coyuntura actual, pero legislar exige visión. Es turno de las y los diputados locales discutir a conciencia esta propuesta para proteger con uñas y dientes el dinero del pueblo, pero al mismo tiempo mantener viva la esperanza de construir el estado de progreso que anhelamos.
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Estratega político entre gobiernos, campañas y narrativas.
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