JULIETA DE RÍO VENEGAS
Aunque no lo crea, ahora se analiza un cobro de hasta el 2% a dispositivos como celulares, computadoras, tabletas, pantallas y memorias USB, mediante un anteproyecto impulsado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
La justificación, dicen, es proteger los derechos de autor y establecer una compensación por la llamada “copia privada”, es decir, por la posibilidad de reproducir o almacenar contenidos protegidos por derechos de autor en determinados dispositivos.
Ojo: se ha señalado que el gravamen sería cubierto formalmente por productores e importadores. Pero la pregunta es inevitable: ¿quién asumirá realmente el costo?
Porque, aunque el cobro se aplique a productores e importadores, existe el riesgo de que termine trasladándose al precio final que pagamos los consumidores.
Y hoy, más que nunca, la tecnología es una herramienta para estudiar, trabajar, informarnos, comunicarnos y acceder a servicios.
Y, para variar, hasta ahora no hemos visto un debate público amplio ni un verdadero ejercicio de gobierno abierto en torno a una propuesta que podría tener un impacto directo en millones de consumidores.
Además, este tema no es nuevo. Tiene antecedentes de hace cinco años, cuando se planteó el llamado “moche digital”, un esquema similar que pretendía establecer una compensación sobre dispositivos electrónicos y que finalmente no prosperó en el Congreso.
Ahora vuelve a la discusión bajo el argumento de compensar a los creadores por la reproducción o almacenamiento de contenidos protegidos por derechos de autor.
Pero la pregunta del millón es: ¿por qué todos los usuarios tendríamos que pagar por una práctica que quizá nunca realicemos? Se está generalizando una conducta como si todos los usuarios hicieran lo mismo, y no es así.
La discusión no puede reducirse solamente a cómo recaudar. Estamos en una era digital y debemos entender que el acceso a la tecnología es cada vez más indispensable para ejercer otros derechos y acceder a servicios esenciales.
Regular las plataformas digitales, proteger los derechos de autor y combatir los usos indebidos de la tecnología son objetivos necesarios. Pero encarecer los dispositivos tecnológicos también tiene consecuencias sociales que deben analizarse.
Hay quienes consideran que la Secretaría de Cultura debería concentrarse en sus atribuciones fundamentales: fomentar, promover y garantizar el acceso a la cultura en nuestro país, y no convertir la tecnología en una nueva fuente de recaudación.
Porque si el objetivo es fortalecer la cultura y proteger a los creadores, debemos discutir también cómo funcionará este mecanismo, quién terminará pagándolo y cuál será el impacto para las familias mexicanas.
No podemos olvidar que un celular, una computadora o una tableta son hoy herramientas indispensables para la educación, el trabajo, la comunicación y el acceso a la información.
Por eso, antes de aprobar cualquier nuevo cobro, se necesita transparencia, debate público, análisis de impacto y escuchar a consumidores, productores, importadores y creadores.
No podemos avanzar hacia una sociedad digital y, al mismo tiempo, poner más obstáculos económicos al acceso a la tecnología.
El llamado “moche digital” no solo puede terminar encareciendo nuestros dispositivos. También puede profundizar la brecha digital en México.
Entonces, la pregunta es: ¿vamos a proteger la cultura encareciendo la tecnología que millones de mexicanos necesitan para acceder a ella?
Un tema más al que debemos poner atención como sociedad.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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