Zacatecas, Zac. Las recientes sentencias obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en Zacatecas muestran una nueva etapa en la estrategia federal de combate a la delincuencia: ya no se trata de informar sobre detenciones o aseguramientos, sino de acreditar judicialmente los delitos y convertir los operativos en condenas firmes. En dos casos distintos, nueve personas recibieron penas de entre cuatro años 10 meses y 14 años de prisión por portar armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y, en algunos expedientes, por delitos contra la salud.
El primer procedimiento derivó de un enfrentamiento registrado en junio de 2025 sobre la carretera estatal que comunica la comunidad de Esteban Castorena, en el municipio de Luis Moya, con Ciudad Cuauhtémoc. Tras acreditar la responsabilidad penal de los seis detenidos mediante procedimiento abreviado, un juez federal impuso penas de siete años seis meses de prisión a José “N”, Luis “N” y Nelshino “N”; seis años 10 meses para Kevin “N”, y cuatro años 10 meses para Josué “N” y Jacob “N”, además de una multa superior a los 10 mil pesos para estos últimos.
Durante aquella intervención, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, 46 cargadores y mil 361 cartuchos útiles, arsenal cuya posesión constituyó el eje central de la acusación presentada por la Fiscalía Federal.
El segundo caso refleja un nivel distinto de gravedad. Tres personas detenidas en mayo de 2024 en la colonia Sierra de Álica, en la capital zacatecana, fueron sentenciadas a 14 años de prisión cada una, luego de que el Ministerio Público Federal acreditara no sólo la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino también la posesión de marihuana, cocaína y metanfetamina con fines de comercio.
La diferencia entre ambos expedientes permite observar cómo la combinación de armamento de alto poder con actividades de narcomenudeo incrementa significativamente las sanciones previstas por la legislación federal. Mientras el primer grupo fue condenado exclusivamente por delitos relacionados con armas y municiones, el segundo recibió penas más severas al acreditarse también su participación en delitos contra la salud.
En el operativo realizado en la colonia Sierra de Álica, la Policía Estatal Preventiva aseguró tres fusiles, siete cargadores, 210 cartuchos, equipo táctico, radios de comunicación y diversas dosis de drogas listas para su comercialización, elementos que fueron determinantes durante el juicio oral para acreditar la responsabilidad penal de los acusados.
Con estas resoluciones, la FGR fortalece una fase menos visible, pero decisiva en la estrategia de seguridad: convertir los aseguramientos y detenciones en sentencias condenatorias. El resultado también ofrece una lectura sobre la capacidad del sistema de justicia para sostener las investigaciones hasta obtener resoluciones judiciales definitivas, más allá del impacto inmediato que generan los operativos.
LNY | Redacción