Ciudad de México.- La senadora Amalia García Medina urgió en la Facultad de Derecho de la UNAM a consolidar el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México mediante presupuesto público y corresponsabilidad social, señalando que estas labores, asignadas históricamente a mujeres, equivalen al 26 por ciento del PIB nacional y sostienen la estructura económica del país.
El planteamiento de la legisladora zacatecana en el Foro de Análisis de la Ley de Cuidados sitúa el debate en una transición crítica: el paso del reconocimiento constitucional a la viabilidad financiera de las políticas públicas. Aunque la Constitución de la Ciudad de México de 2017 y reformas recientes consagraron el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado, la falta de asignación presupuestal y de infraestructura efectiva mantiene estas obligaciones en el terreno de las declaraciones de intenciones, perpetuando una crisis que afecta la equidad de género y el desarrollo social.
La relevancia de esta discusión radica en la profunda desigualdad estructural que subyace en la división sexual del trabajo. Históricamente, las tareas domésticas y de asistencia han sido relegadas al ámbito privado, despojándolas de valor económico y reconocimiento social. Esta asignación casi exclusiva hacia las mujeres limita sus oportunidades de desarrollo profesional y político, un fenómeno que quedó en evidencia durante la crisis sanitaria de la pandemia, cuando las actividades productivas globales se detuvieron, pero las labores de cuidado continuaron sosteniendo la subsistencia cotidiana.
Los intereses en juego abarcan tanto al sector público como al privado. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el valor de estos trabajos representa más de una cuarta parte de la riqueza generada en el país, lo que demuestra que la economía formal depende directamente de un trabajo no remunerado que el Estado no ha asumido por completo. La exigencia de un sistema integral compartido entre la administración pública, la sociedad, las familias y los hombres busca transformar un modelo asistencialista en una estructura de corresponsabilidad obligatoria.
El desafío institucional inmediato consiste en diseñar políticas públicas concretas que traduzcan los principios legales en servicios e infraestructura eficaces. Las expertas Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala y Cristela Amaya Hernández, junto con las autoridades universitarias, coincidieron en la urgencia de dotar de recursos a estos programas, pues la consolidación de una sociedad de derechos en la capital del país depende de la capacidad del Estado para financiar y garantizar plenamente las tareas que sostienen la vida humana.
LNY | Redacción