Guadalupe, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exigir al Gobierno de Zacatecas y a sus municipios la inmediata reapertura y mantenimiento de 26 bibliotecas públicas actualmente clausuradas por precariedad presupuestaria, con el objetivo de revertir la pérdida de espacios educativos y comunitarios en la entidad.
El conflicto de infraestructura cultural en Zacatecas adquiere relevancia institucional al contrastar las cifras oficiales de la Dirección General de Bibliotecas, que contabiliza 241 recintos en el estado, con la parálisis operativa del 10% de la red local. La iniciativa impulsada por la vicecoordinadora del Partido del Trabajo señala directamente a la Secretaría de Educación, al Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” y a los ayuntamientos como las entidades responsables de corregir el abandono estructural derivado de la falta de personal, recursos y mantenimiento.
La disputa de fondo radica en la asignación presupuestaria y en el orden de prioridades del gasto público. La propuesta formal exige a la Secretaría de Finanzas estatal y a las administraciones municipales el diseño de partidas específicas que garanticen la contratación de personal especializado, la renovación de acervos bibliográficos y la dotación de herramientas digitales, elementos que hoy resultan insuficientes en las zonas con mayores carencias económicas y limitaciones tecnológicas de la región.
Las implicaciones sociales de este desabasto institucional impactan directamente en el tejido comunitario y en la seguridad pública. Al presentarse ante simpatizantes en el municipio de Guadalupe, la legisladora expuso que el cierre de estos recintos restringe el derecho a la educación y la cultura, dejando a niños y jóvenes sin alternativas seguras de formación frente a los entornos de exclusión y violencia. El planteamiento trasciende la mera gestión administrativa para advertir que la clausura de las bibliotecas debilita la cohesión social y elimina los pocos centros de convivencia gratuita en los municipios más vulnerables.
LNY | Redacción