Vetagrande, Zac.- El coordinador legislativo Carlos Puente Salas anunció en Vetagrande la aprobación de una reforma estructural bajo la premisa “fortalecemos los derechos laborales de los trabajadores del campo: Carlos Puente”, modificando el marco legal agrario en Zacatecas este trimestre para revertir la histórica exclusión del sector en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La relevancia de esta modificación institucional radica en el diagnóstico sociodemográfico que arrastra el sector agrícola en el ámbito nacional. De acuerdo con los registros oficiales del Gobierno de la República, durante el primer trimestre del año anterior se contabilizaron casi tres millones de jornaleros expuestos a condiciones de vulnerabilidad laboral estructural.
El perfil promedio del trabajador del campo mexicano se sitúa en los 49 años de edad, con jornadas que promedian las 36 horas semanales y una percepción económica mensual que apenas alcanza los dos mil 750 pesos. El factor crítico de este escenario es que la gran mayoría de este universo productivo carece por completo de mecanismos de seguridad social, lo que traduce su actividad económica en un estado de desprotección ante accidentes, enfermedades o procesos de jubilación.
El núcleo de la reforma introduce una exigencia administrativa que altera las reglas de operación para el sector patronal y las empresas agroexportadoras. A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social queda obligada a emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social. Este documento se constituye como un requisito indispensable e intransferible para que los productores puedan comercializar y exportar sus mercancías.
Con este mecanismo de fiscalización, el Estado mexicano traslada la responsabilidad de la formalización laboral directamente a las unidades de negocio, condicionando su acceso a los mercados internacionales al registro formal de su plantilla de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Las implicaciones de esta medida abren un debate profundo entre la justicia distributiva y la viabilidad operativa de los pequeños y medianos productores agrícolas. Mientras el posicionamiento político defiende la dignificación de una labor que garantiza la seguridad alimentaria del país, los sectores comerciales enfrentan el reto de absorber los costos de la formalización en un mercado con márgenes de ganancia variables. La efectividad de la ley dependerá de la capacidad de inspección de las autoridades federales para evitar que la exigencia del certificado derive en un mercado informal secundario o en la reducción de las contrataciones en las zonas rurales del país.
LNY | Redacción