JULIETA DEL RÍO VENEGAS
En los últimos días no paran las notas, declaraciones y noticias de unos contra otros. Todos señalan, todos acusan, todos intentan construir narrativas de culpabilidad desde los micrófonos. Esto refleja que muchos están más preocupados por encontrar errores ajenos que por revisar sus propias actuaciones.
Es común ver cómo ciertas conductas son condenadas cuando las realiza el adversario político, pero justificadas o minimizadas cuando provienen del propio grupo. Lo que en unos se considera abuso, exceso o promoción indebida, en otros se convierte en estrategia, comunicación o simple interpretación. Ahí es donde la discusión pública pierde seriedad y credibilidad.
Las cosas no funcionan así. En un Estado de derecho existen normas, responsabilidades y límites claros. La función pública no puede depender del humor político ni de la conveniencia del momento. Lo que está escrito en la ley debe cumplirse, y lo que corresponde a las leyes de responsabilidad, fiscalización y transparencia no puede aplicarse selectivamente.
También es importante entender algo elemental: no todo lo que no está prohibido significa automáticamente que sea correcto. En el servicio público hay principios éticos, obligaciones y deberes que van más allá de buscar vacíos o interpretaciones convenientes. La responsabilidad pública exige congruencia, prudencia y ejemplo.
Hoy, además, la sociedad vive un momento distinto. Gracias al acceso a la información pública, al análisis ciudadano y a las plataformas digitales, las personas están cada vez más informadas y son capaces de contrastar discursos con hechos. Ya no es tan sencillo construir versiones únicas ni imponer narrativas sin cuestionamientos.
Y aun así, hemos visto intentos claros por obstaculizar ese derecho. Ahí está el caso del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, donde se pretendía reservar o clasificar información que era claramente pública, como ocurrió con el concurso, la convocatoria y los exámenes relacionados con la elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, gracias a las voces de especialistas, académicos, ciudadanos y espacios de análisis como Narrativas Constructivas, se generaron debates serios y sustentados jurídicamente. Se señalaron inconsistencias e ilegalidades con base en las leyes y ordenamientos vigentes. Y hoy vemos cómo quienes intentaron justificar esas decisiones ahora buscan enmendar la plana.
Eso demuestra algo importante: la sociedad ya no observa en silencio. Hoy cuestiona, revisa, compara y exige. Ya no es tan fácil engañar a la ciudadanía ni acusar a otros mientras se incurre en prácticas similares.
Como dice la frase bíblica, muchos observan la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y ese doble discurso termina desgastando la confianza ciudadana.
Porque quien verdaderamente debe poner el ejemplo no puede actuar solamente cuando le conviene. La autoridad moral no se construye señalando a los demás todos los días, sino actuando con la misma vara para todos, incluso para los propios.
México necesita menos narrativas de confrontación y más congruencia pública. Menos escándalo selectivo y más respeto a la ley. Porque cuando las reglas solo se aplican al adversario, dejan de ser justicia y se convierten en herramienta política.
Y hacia adelante las cosas serán distintas, porque hoy existe una ciudadanía más informada, más participativa y menos dispuesta a aceptar verdades fabricadas desde el poder.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
contacto@julietadelrio.org.mx
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