Zacatecas, Zac.- Un colectivo de abogados y productores en Zacatecas solicitó formalmente a las autoridades estatales y al Poder Legislativo la preservación inmediata de evidencias sobre los operativos policiales contra manifestaciones campesinas del pasado sábado. La medida busca esclarecer denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias para determinar responsabilidades en la cadena de mando.
La petición, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de la Función Pública y la Legislatura local, exige el resguardo de grabaciones de cámaras corporales, sistemas C4 y C5, drones y patrullas, además de bitácoras de radiofrecuencia e inventarios de armamento. Los promoventes, entre quienes figuran Rubén Hernández Muñoz y los abogados del equipo de Jorge Rada Luevano, actúan en representación de productores de frijol, estudiantes, adultos mayores y periodistas que habrían sido blanco de agresiones físicas documentadas en registros audiovisuales.
Según los litigantes, los operativos no solo incurrieron en detenciones ilegales, sino que ignoraron los protocolos de actuación para el control de masas, llegando a tratarse a manifestantes con una degradación física que incluyó el traslado de una mujer de forma inhumana.
El núcleo del reclamo trasciende la actuación de los elementos operativos y apunta directamente a la identificación de quienes emitieron las órdenes de intervención. Los representantes legales sostienen que existe una crisis institucional y de Estado de derecho, agravada por la posible reincidencia de mandos policiacos que ya habrían participado en actos de represión previos, como los registrados durante la marcha del 8 de marzo de 2024. En este contexto, se ha denunciado también como una irregularidad la presencia de agentes ministeriales dentro del Congreso del Estado para notificar medidas restrictivas a los inconformes, lo que interpretan como un uso político de las instituciones de procuración de justicia.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, admitió que la administración estatal pudo haber cometido errores al “caer en una provocación”, aunque justificó el despliegue policial bajo la premisa de resguardar el orden público y los recintos oficiales ante presuntas amenazas de violencia. No obstante, los abogados han señalado que dicha admisión de responsabilidad pública constituye una prueba jurídica fundamental para que los órganos internos de control inicien los procedimientos administrativos correspondientes. El Gobierno también ha rechazado los señalamientos de corrupción en el programa de acopio de granos que originó la protesta, calificándolos como demandas sin sustento que buscan politizar un conflicto agrario ya atendido.
La estrategia legal, que se presenta bajo una modalidad de servicio gratuito o pro bono, enfatiza que el objetivo no es la confrontación partidista, sino el sometimiento de la autoridad al marco constitucional. Los litigantes advirtieron que, en caso de que las dependencias estatales se nieguen a entregar o resguardar la información solicitada, promoverán juicios de amparo ante la justicia federal para garantizar el derecho a la verdad y evitar la normalización de la criminalización de la protesta social en la entidad.
LNY | Redacción