Zacatecas, Zac.- Miles de campesinos, estudiantes y sindicatos marcharon en la capital de Zacatecas para repudiar la represión policial del pasado sábado y exigir soluciones a la crisis agrícola. La movilización, encabezada por tractores, demanda la destitución de altos funcionarios y un precio justo para el frijol ante el gobierno de David Monreal Ávila.
Para entender la magnitud de la movilización es preciso remitirse a los operativos del pasado 9 de mayo. Aquella jornada, agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) intervinieron para dispersar a productores que intentaban manifestarse durante un concierto oficial organizado por el Día de las Madres. El saldo fue la detención de 12 personas, incluyendo estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y una docente jubilada de 74 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial por supuesta desobediencia y resistencia de particulares. Este uso de la fuerza pública, calificado por diversas organizaciones civiles y académicas como una agresión directa a los derechos constitucionales de reunión y protesta, ha catalizado un frente social amplio contra la administración estatal.
El conflicto tiene un trasfondo económico que asfixia al sector primario de la entidad, afectada por sequías y bajos precios de comercialización. Los productores exigen el cumplimiento de un acuerdo para el acopio de mil 500 toneladas de frijol a un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, rechazando la propuesta gubernamental de 16 pesos, la cual consideran insostenible para la economía de las familias rurales. Los líderes de la Coordinadora Zacatecana de Lucha Social denuncian que esta política de precios favorece a intermediarios vinculados a la administración pública, mientras que sectores estudiantiles señalan una preocupante criminalización de la protesta campesina en un contexto de abandono institucional.
La respuesta ciudadana ha escalado hacia la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas de alto nivel. Durante la protesta en la Plaza de Armas, los manifestantes solicitaron formalmente la destitución del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, y del fiscal general de Justicia, Christian Paul Camacho Osnaya, a quienes responsabilizan de los operativos policiales.
Simultáneamente, un grupo de abogados especialistas ha iniciado el acompañamiento jurídico gratuito para los detenidos, mientras organizaciones sociales anunciaron que promoverán un juicio político contra el gobernador Monreal Ávila ante lo que describen como una gestión que privilegia el gasto en festejos públicos sobre las demandas básicas del campo.
Pese a la tensión acumulada, la movilización denominada “Megamarcha No Más Represión”, se desarrolló sin incidentes violentos bajo la vigilancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. El organismo desplegó a 70 observadores para documentar el recorrido, que concluyó con un pliego de exigencias dirigido también a la presidencia de la República. Este episodio marca un punto de inflexión en la gobernabilidad de la entidad, donde la convergencia de sindicatos, universitarios y agricultores advierte que el descontento social podría trasladarse de las calles a las urnas en los próximos procesos electorales
LNY | Redacción