Zacatecas, Zac.- Durante la Asamblea Agraria del ejido Atotonilco, en Jiménez del Teúl, Zacatecas, irrumpieron sin aviso el presidente municipal Daniel Cisneros Esparza, junto a funcionarios de su gabinete. Su presencia carecía de justificación, pues solo la Procuraduría Agraria tiene facultades en estos asuntos. Al ser cuestionados, se negaron a explicarse, cerraron las ventanas de sus vehículos y se retiraron. Un acto más de intimidación institucional.
Este hecho se enmarca en una estrategia de presión contra comunidades que resisten el proyecto de la presa Milpillas. El 4 de junio, el gobernador David Monreal Ávila aterrizó en helicóptero en el Ejido El Potrero, acompañado del mismo alcalde, intentando forzar un diálogo. La comunidad los rechazó, evidenciando su prepotencia.
Mientras el gobierno estatal insiste en imponer el megaproyecto —avalado por la Conagua y con un costo de 8,900 millones de pesos—, los ejidatarios mantienen su oposición. Pese a las promesas de la presidenta Sheinbaum sobre un “consenso”, las acciones oficiales contradicen su discurso: apenas poseen el 20% de los terrenos necesarios y recurren a tácticas de hostigamiento.
Exigimos que la Procuraduría Agraria y la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas intervengan para frenar estos abusos. Las asambleas ya decidieron: no a la presa Milpillas. La autodeterminación de los pueblos no se negocia.
LNY/Redacción
