Ciudad de México.- La senadora zacatecana Verónica Díaz votó a favor del dictamen de reforma constitucional en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos para reducir el gasto de los organismos electorales. La iniciativa busca homologar salarios de funcionarios con el tope del Ejecutivo y fortalecer la revocación de mandato, bajo el argumento de reorientar recursos públicos hacia infraestructura y programas de bienestar social.
El proyecto, enviado por la presidencia de la República, establece límites estrictos a las percepciones de los integrantes de tribunales, órganos autónomos y dirigencias partidistas. Esta medida pretende eliminar regímenes especiales de retiro y seguros privados, ajustando la estructura administrativa del Estado a un criterio de austeridad que prohíbe prestaciones no previstas en la ley. Según el dictamen aprobado, los ahorros derivados de estas modificaciones presupuestarias deberán aplicarse prioritariamente en servicios básicos como agua potable, drenaje y caminos, especialmente en entidades con rezagos históricos.
La reforma también plantea una reconfiguración de la representación política en el ámbito municipal. Se contempla la reducción del número de regidurías y la limitación a una sola sindicatura por ayuntamiento, una medida diseñada para liberar presupuesto local hacia la inversión pública. Durante la discusión en comisiones, la legisladora sostuvo que estas modificaciones responden a una demanda social para terminar con esquemas que favorecieron a élites políticas, contrastando el gasto institucional con las necesidades de los sectores más vulnerables de la población.
En el ámbito de la participación ciudadana, la propuesta modifica el artículo 35 constitucional para consolidar la revocación de mandato. Este mecanismo jurídico se ratifica como un instrumento de control democrático que permite a la ciudadanía evaluar y, en su caso, interrumpir el ejercicio del cargo de los gobernantes. La validación de esta figura busca materializar el principio de soberanía popular, otorgando a los electores la facultad directa de decidir sobre la continuidad de sus representantes a mitad de sus periodos de gestión.
El texto aprobado en comisiones será turnado al pleno del Senado para su debate y votación definitiva. De ser ratificado, implicará una transformación profunda en la administración de los recursos de las legislaturas locales y los organismos electorales, estableciendo un precedente de austeridad obligatoria en el uso del erario. La implementación de estos ajustes marcará un cambio en la relación fiscal entre las instituciones autónomas y la administración central, priorizando la eficiencia presupuestaria sobre la autonomía financiera de los entes reguladores.
LNY | Redacción