JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Nos espera un nuevo año: 2026, marcado por la entrada en vigor de un nuevo régimen fiscal y por diversas reformas en ámbitos clave como la salud, el campo, la justicia y la educación, entre otros. Sin embargo, a pesar de estos avances normativos, persiste un vacío importante: el de los ciudadanos que solicitan información pública y enfrentan obstáculos para obtenerla.
Hoy, las inconformidades o negativas se están judicializando, obligando a los interesados a acudir a tribunales, como ocurre en el caso de Aguascalientes, lo que evidencia la urgencia de un acceso más eficiente y claro a la información pública.
Este año también estará definido por la austeridad presupuestal. Muchos rubros han sufrido recortes, afectando áreas críticas que requieren inversión continua. Al mismo tiempo, 2026 será testigo del inicio del proceso electoral en 17 entidades, donde se renovarán en 2027 gubernaturas, diputaciones y presidencias municipales. La organización de estos comicios recaerá en un Instituto Nacional Electoral (INE) que enfrenta recortes significativos, planteando desafíos adicionales para garantizar elecciones transparentes, equitativas y técnicamente sólidas.
La vigilancia del uso de los recursos públicos será más crucial que nunca. La ley de fiscalización exige revisiones al 100%, y los órganos correspondientes se han apegado estrictamente a esta normativa. Las denuncias por desvío de recursos destinados a favorecer aspirantes políticos deben ser atendidas y sancionadas conforme a derecho, protegiendo la integridad de los procesos democráticos y asegurando que los programas sociales lleguen a quienes realmente los necesitan.
Un aspecto adicional y fundamental es la protección de los datos personales. Con la entrada en vigor de leyes relacionadas con la extorsión, la fuga y venta de información personal se vuelve un riesgo crítico. Si este ámbito no se protege adecuadamente, todo el andamiaje legal pierde eficacia. Varios expertos advierten que ciertas fracciones de la ley podrían limitar las libertades informativas, generando un delicado equilibrio entre seguridad, privacidad y derecho a la información.
Las redes sociales jugarán un papel ambivalente: serán un canal vital para denunciar irregularidades, pero también un terreno fértil para la desinformación. En un entorno donde los actores políticos buscan moldear lo que escuchamos, los ciudadanos tienen la responsabilidad de fortalecer los valores democráticos, exigir transparencia, proteger sus datos y garantizar que los recursos públicos se utilicen para el bienestar colectivo, no como herramienta de propaganda.
Así, 2026 se perfila como un año de desafíos estructurales, rendición de cuentas, protección de derechos digitales y participación activa de la ciudadanía. Un año en el que la vigilancia, la información veraz y el compromiso social serán herramientas esenciales para que la democracia y los programas públicos cumplan su verdadero propósito: servir al pueblo.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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