El General sí tiene quien le escriba
Reflexiones sobre la militarización del País
RAYMUNDO MORENO ROMERO
La reciente detención en el aeropuerto de Los Ángeles, por autoridades de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, del General de División Salvador Cienfuegos Zepeda, provocó una andanada de reacciones en México. No es para menos, se trata del militar mexicano de mayor rango procesado por una autoridad extranjera. Ante la noticia, no fueron pocos los voceros de la autodenominada cuarta transformación que celebraron el arresto como resultado de la política anticorrupción del actual gobierno, más aún, el propio presidente de la República comparó el hecho con el arresto de quien fuera Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón: el controversial Genaro García Luna. Para el ejecutivo federal y sus twitteros la prudencia y el respeto a las fuerzas armadas y, sobre todo, a la presunción de inocencia, tardó en llegar.
El ejército, así como la marina, son instituciones que históricamente han gozado de la confianza de muchas y muchos mexicanos. Su destacado papel en los casos de desastres naturales se ha granjeado la gratitud de millones de ciudadanos que ven en las corporaciones castrenses una suerte de fuerza de protección civil siempre lista y dispuesta al auxilio. No obstante, cuando traspolamos el actuar de las fuerzas armadas a otros episodios de la vida pública del país, el resultado no suele ser tan favorable, especialmente cuando hablamos de derechos humanos. No son pocos los ejemplos en la historia de México donde los militares jugaron un rol dramático y oscuro. De Tlatelolco, a Acteal, de la guerra sucia, a las sistemáticas violaciones de garantías individuales durante la guerra contra el narcotráfico, ha quedado claro que lo mejor para el ejército y para los ciudadanos es que las y los militares permanezcan en los cuarteles y se acoten a su responsabilidad constitucional: garantizar la soberanía del Estado Mexicano.
Desde que el expresidente Calderón tomó la decisión de echar mano de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada de México, para combatir a los carteles de la droga, las estadísticas de muertes violentas han crecido exponencialmente. Durante los primeros 23 meses de la administración de Felipe Calderón se cometieron casi 22,000 homicidios dolosos, durante el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto dicha cifra se incrementó hasta casi 33,000, sin embargo, en una escalada incontenible, durante el mismo lapso de la actual administración federal, la de Andrés Manuel López Obrador, el número de homicidios creció hasta casi 66,000. Literalmente el doble que en el sexenio anterior.
Los números son fríos y contundentes, la estrategia de contención de la violencia a partir de la prohibición a raja tabla de las drogas y de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, no solo no ha rendido frutos, sino que ha puesto en riesgo a los propios soldados y marinos que, sin entrenamiento en labores policiales o capacitación en materia de derechos humanos, suelen verse entre la espada del crimen organizado y la pared que representa la posibilidad de estar cometiendo actos que vulneren la dignidad e integridad física de las y los ciudadanos que deben proteger.
Luego de varios días, el presidente comenzó a matizar sus comentarios con relación a la detención del General Cienfuegos. Probablemente entendió que se trata de un militar con amplio reconocimiento al interior de las fuerzas armadas y cuyos excolaboradores hoy forman parte del alto mando de la Sedena. También es probable que le hayan explicado que, como señaló en redes sociales el exprocurador general de la República Ignacio Morales Lechuga, “la operatividad, controles y manejo interno de la Sedena no permitirían un manejo aislado del Secretario, esto huele a desquite político.” En cualquier caso, el proceder de las autoridades estadounidenses, con base en dos supuestos testigos protegidos, debe tomarse con cautela e invitarnos a reflexionar sobre los nefastos resultados de la evidente militarización del país, militarización que el actual gobierno federal ha potenciado con la creación de una Guardia Nacional que tiene muy poco de civil y mucho de paramilitar.
Cajón de sastre: hay otro destacado personaje de la 4T que lleva décadas sin poner un pie en Estados Unidos, se trata de Manuel Bartlett, pero de el “ni Pío”.
Con respeto para Doña Angélica de la Peña, cuyas reflexiones me inspiran.
