En suspenso órgano responsable de combatir la corrupción.

NORMA JULIETA DEL RÍO VENEGAS

Ha pasado ya el primer semestre del año y desde el mes de febrero sigue en la Cámara de Diputados el Dictamen enviado por el Senado de la Republica sobre de la creación del órgano responsable de combatir la corrupción, que será el Congreso de la Unión según el Dictamen, el que determine su denominación.

En diciembre del año pasado, el Senado de la Republica aprobó las reformas constitucionales que dan origen a la creación de este órgano, anunciando las y los Senadores que tendrá facultades de sanción administrativa.

Es desde diciembre del 2012 cuando el Presidente de la República, presentó en materia de transparencia y rendición de cuentas, la iniciativa de Ley para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y la iniciativa donde otorga nuevas facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, esta ultima ya aprobada e instalada en funciones con sus siete nuevos Comisionados después de un proceso de selección en el Senado de la Republica, pero el órgano responsable de combatir la corrupción sigue en análisis, o aun en la congeladora.

En la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero del 2013, contempla la desaparición de la Secretaria de la Función Pública y en sustitución de esta, entraría en funciones el Órgano que se encargara de combatir la corrupción.

Hemos seguido el tema desde entonces por la importancia y relevancia del mismo, estando un tiempo en discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, habiendo contemplado en la iniciativa la inclusión de aportaciones de los diferentes partidos políticos, pues estos coinciden en la creación de un organismo autónomo con facultades para atender los delitos de corrupción de servidores públicos.

En la minuta aprobada en el Senado y que está ya en el Congreso de la Unión, especifica que será el Senado quien nombre a su Titular y estará integrado por un Consejo Consultivo donde participaran tres ciudadanos nombrados por el Senado, más un representante del Poder Ejecutivo, uno más de la Auditoría Superior de la Federación y otro por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Mientras tanto, en la Secretaria de la Función Pública sigue Julián Olivas como encargado del despacho, operando con las funciones establecidas en su reglamento y la normatividad aplicable como hasta hoy, que a decir verdad, se ha venido trabajando de manera normal y coordinada, independientemente de la desaparición de la SFP, en tanto entra en operación el nuevo Órgano Anticorrupción.

Y fue precisamente la semana pasada en una reunión donde Olivas Ugalde, subrayo en su mensaje una vez mas que es preferible que se critique por no sancionar, que aplicar correctivos carentes de sustento que al final se pierden en las instancias jurisdiccionales, convocando a los órganos estatales a integrar cuidadosamente los expedientes para aplicar las sanciones a los servidores públicos que se apartan de las normas y evitar que los asuntos se caigan en tribunales. Entonces se espera no hagan caso omiso de esta importante recomendación.

Olivas Ugalde dio a conocer que existen propuestas para la creación de tribunales especializados en aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos que se aparten de las normas legales, siendo conveniente analizarlo en la Cámara de Diputados.

De hecho en el Dictamen que existe en la Cámara para la creación de este nuevo órgano autónomo, establece que la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa, los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Entonces, se redoblara el cuidado de actuar sin fundamentos o con expedientes mal integrados que al final del camino no proceden contra servidores o exservidores públicos.

Se percibe que hay algunas dudas o falta de interpretación cuando sea aprobado el nuevo órgano responsable de combatir la corrupción en relación a la continuidad de los órganos de control estatales, algunos han llegado a suponer y hasta declarar que será solo “cambio de nombre”, y no es así, en el dictamen de creación del organismo, se establece con claridad las funciones únicas que tendría este órgano autónomo, también habla de unidades de auditoría interna, así que sin ningún problema, las entidades federativas podrán contar con sus órganos internos de control, unidades de auditoría interna o como le quieran llamar, para la realización de sus revisiones y auditorias, dentro de su estructura de sus leyes orgánicas.

Y todavía después de salir del Congreso, se deberán de expedir leyes secundarias y reformas normativas, como expedir la nueva ley de responsabilidades y combate a la corrupción, que será aplicada por los tres órdenes de gobierno, así que no se ve aun cerca la puesta en marcha de este órgano responsable de combatir la corrupción.

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