Empresas de telecomunicaciones deben localizar llamadas de extorsión
El senador Tomás Torres Mercado, del PRD, propondrá que sea obligación de los concesionarios o permisionarios de telecomunicaciones colaborar con el Ministerio Público o las autoridades judiciales correspondientes, en la geolocalización en tiempo real de las llamadas con fines de secuestro, extorsión o amenaza.
Lo anterior, debido a que las herramientas usadas hasta hoy para este fin, como el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), no han dado resultados, pues según datos de organizaciones civiles, en 2008, antes de su aplicación, se registraban 4 mil 400 llamadas diarias de extorsión, mientras que en 2010 alcanzaron las 6 mil 400 diarias; es decir, hubo un incremento de más del 40 por ciento.
El legislador por Zacatecas planteará reformar los códigos Federal de Procedimientos Penales; Penal Federal y la Ley Federal de Telecomunicaciones, para obligar a los concesionarios o permisionarios de telecomunicaciones a colaborar con el Ministerio Público o las autoridades judiciales en la localización de las comunicaciones que se relacionen con la investigación de delincuencia organizada.
La reforma que presentará la próxima semana ante los senadores de la República establece que si el concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones se rehusara a colaborar con las autoridades, se le impondrían de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días multa.
Torres Mercado explicó que a dos años de la publicación del decreto que estableció el RENAUT no se han logrado los resultados esperados. “No sólo eso, su diseño inadecuado ha facilitado la comisión de aquellos delitos que se buscó combatir o ha generado lagunas e incentivos para la comisión de conductas como el robo de datos personales”.
Las vulnerabilidades del RENAUT fueron visibles desde el principio, aseguró, pues desde las primeras horas aparecieron registros falsos a nombre de personalidades de la historia, política, deportes o farándula. A mediados de 2010, añadió, la Comisión Federal de Telecomunicaciones informó que entre 10 mil y 50 mil registros eran apócrifos.
“El registro de un teléfono mediante nombre y Clave Única de Registro de Población no garantiza la veracidad de los datos y menos aún que en el caso de cometerse un delito realmente se atrape al culpable; por el contrario, puede culparse a una persona que no lo sea”, expresó.
Por último, en la iniciativa del senador Tomás Torres se reconoce que la venta de tarjetas SIM (chips telefónicos) en el mercado informal permite a cualquiera tener acceso a una línea de teléfono móvil sin ser responsable de las llamadas que realice, por tanto expresó la necesidad de buscar una solución a este problema.
