LUCÍA LAGUNES HUERTA
El pasado lunes se hicieron públicas las recomendaciones al Estado Mexicano por parte del Comité de Expertas de la CEDAW, cinco son los ejes que acompañan estas: independencia de las instituciones, transparencia en el acceso a la información, la participación de las organizaciones, los recursos suficientes para la igualdad de las mujeres y la efectividad de las acciones.
Ejes que las organizaciones de la Sociedad Civil, pusieron sobre la mesa a través de los 46 informes sombra que se hicieron llegar.
Por más que la delegación oficial mexicana buscó mostrar un México de éxito, con reformas legislativas aprobadas, con números, con la primera mujer presidenta, no logró hacer sombra a la evidencia que las organizaciones sociales plasmaron en sus informes.
Los hechos muestran que las mujeres que vivimos en México seguimos enfrentando desigualdades estructurales, somos discriminadas por ser mujeres, la violencia feminicida va en aumento y la justicia va en cero, nuestras organizaciones fueron expulsadas del espacio de diálogo cívico, las instituciones que creamos para la democracia, los contrapesos, la información y la defensa de nuestros derechos están en riesgo total o aniquilada por decreto.
Estas recomendaciones están lejos de lo que la Secretaria de las Mujeres intentó hacer creer a la ciudadanía (¿y a su jefa?), a través de un promocional que colocó en redes sociales, donde aparecen varias comisionadas felicitando al Estado mexicano, sacando de contexto las declaraciones diplomáticas de las expertas, que son de protocolo, sin colocar los cuestionamientos que emitieron las propias expertas.
Grave cuando vivimos en la era de la desinformación, doblemente grave cuando quien desinforma proviene del gobierno que dice buscar erradicarla.
Pero más allá de ello, decía que el comité de 23 expertas emitió 90 recomendaciones para que el Estado Mexicano trabaje para la igualdad de las mujeres, que, por desgracia, estamos lejos de alcanzar.
Vale la pena destacar la observación por la falta de cumplimiento de recomendaciones del periodo anterior, para incorporar en la legislación una definición integral de discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención”, tanto en los ámbitos público como privado, recomendación del 2018.
En términos globales las expertas manifiestan sus preocupaciones por la falta de participación de las organizaciones de mujeres en la creación de la política pública; la falta de transparencia que permita evaluar los resultados de las acciones y la falta de presupuesto para la política de la igualdad de las mujeres.
Uno de los temas que llama poderosamente la atención y preocupación del Comité tiene que ver con la violencia feminicida que sigue creciendo en nuestro país contra las mujeres y niñas, por ello en estas recomendaciones se le exige al Estado que redoble todos sus esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia, porque su negligencia cobra vida y siembra la posibilidad del horror, como lo vivido en Sonora con el asesinato de Margarita y sus tres hijas menores de edad Meredith, Medelin y Karla.
Estos hechos no debieron ocurrir, porque Sonora ya tenía puesto el foco rojo al registrar un incremento del delito de feminicidio en 33%, pues antes de este feminicidio 36 mujeres más habían sido asesinadas.
Por eso las recomendaciones hechas por el Comité, vienen a reforzar la urgencia de que el Estado mexicano deje de simular y actúe.
Si bien se reconocen avances legislativos en México, se alerta sobre el aumento de la violencia de género, incluidos casos de feminicidio, desapariciones y violencia sexual. Además, Señalan fallas estructurales como políticas de seguridad ineficaces, falta de datos y discriminación interseccional.
Otro ejemplo, es la preocupación a propósito de la reforma judicial por la falta de independencia de los jueces y la falta de garantía para transversalizar la perspectiva de género en el actuar del poder judicial.
Lo mismo ocurre con la Secretaria de las Mujeres, pues si bien el Comité reconoce su creación como un avance, les preocupa, su falta de autonomía, el riesgo de reducción de presupuesto y la falta de la participación de las organizaciones en el diseño de esta secretaría.
La recomendación es sencilla, pero difícil de acatar porque va contra el modelo de régimen que se esta creando. Garantizar la independencia institucional para coordinar las políticas de igualdad de género en todos los departamentos gubernamentales, en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, así de sencillo se puede resolver el problema.
Otro de los temas centrales que resuenan por la condiciones y realidades del país tiene que ver con las mujeres defensoras y periodistas, en donde el Comité llama primero a reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, y dos a reforzar la política de protección con la incorporación real de la perspectiva de género.
Que el Estado Mexicano siga acumulando recomendaciones, es un termómetro de la negligencia institucional para colocar la vida de las mujeres en el centro de la prioridad gubernamental.
Insisto, no es que no sepan, es que no están haciendo lo correcto, y la situación no se resuelve con desinformación, tratando de engañar que nos fue muy bien, cuando la realidad revela lo contrario.
