Zacatecas, Zac.- El secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, formalizó una alianza con la organización Women in Mining México el 26 de junio de 2026 en la capital estatal, convirtiéndose en el primer funcionario de su rango en el país en asumir este compromiso para integrar operativamente el talento femenino en la industria extractiva regional.
La incorporación de Miranda Castro como aliado estratégico busca incidir de manera institucional en un sector que históricamente ha registrado una baja participación femenina y una marcada disparidad de género en sus puestos de mando y operativos. El acuerdo, validado mediante la toma de protesta por parte de la presidenta nacional de la organización, Marisol Barragán, establece una agenda de cooperación técnica que pretende utilizar los mecanismos de capacitación y certificación de la entidad civil para modificar las estructuras de contratación de las empresas mineras que operan en el territorio zacatecano.
El diseño de esta política pública involucra directamente a la estructura de la Secretaría de Economía, donde la subsecretaria de Inversión, Industria, Comercio y Servicios, Judith Trejo Cárdenas, y la directora de Minas, María del Mar Castañeda, asumieron también compromisos formales para coordinar la aplicación de las directrices de equidad. La participación de estas funcionarias resulta clave para la implementación del denominado Sello WIM, un instrumento de auditoría corporativa que evalúa las condiciones laborales, la igualdad salarial y los protocolos de prevención de violencia de género en los centros de trabajo mineros, con el objetivo de elevar la competitividad laboral del estado.
Desde una perspectiva económica, la iniciativa intenta responder a las exigencias de sostenibilidad y gobernanza que los mercados internacionales imponen actualmente a las corporaciones mineras. La inclusión de perfiles técnicos y profesionales femeninos en las operaciones locales se plantea no solo como un acto de justicia social, sino como una estrategia para diversificar las capacidades operativas en las minas y asegurar que el desarrollo de la industria extractiva genere un impacto social más equilibrado en las comunidades receptoras de los proyectos.
LNY | Redacción