CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La curva no se rompió, pero ya no sube. Esa es la novedad menos estridente y, quizá, la más importante de la encuesta nacional de Massive Caller sobre la presidenta Claudia Sheinbaum.
No hay derrumbe. Tampoco hay impulso. Lo que muestran los números es otra cosa: una presidencia que conserva piso, pero empieza a perder altura. Y en política, cuando el respaldo deja de crecer, el poder cambia de temperatura.
El dato incómodo no está sólo en cuánto aprueban a la presidenta, sino en lo que ya no consigue arrastrar consigo. La marca oficial sigue siendo fuerte, el discurso de continuidad aún tiene eco, pero la relación entre gobierno, bolsillo y seguridad empieza a mostrar fisuras.
No es todavía una crisis de legitimidad. Es algo más silencioso y por eso más serio: una erosión administrada, visible en la distancia entre simpatía partidaria, evaluación de gestión y respaldo político personal.
La medición de Massive Caller se levantó el 31 de marzo de 2026 con dos mil entrevistas, mediante llamadas automatizadas a hogares, con selección aleatoria de entrevistados, un margen de error reportado de +/- 3.4% y una tasa de rechazo de 95%, sin ajustes por no respuesta.
Ese último dato importa. No invalida el estudio, pero obliga a leerlo con cautela: capta tendencias, no verdades cerradas. Aun con esa reserva, el núcleo del mensaje es claro. Sheinbaum registra 47.8% de aprobación, contra 39.9% de desaprobación y 12.3% sin opinión.
Vista en serie, la foto pesa más que el número aislado. La aprobación viene bajando desde niveles más altos al inicio del seguimiento en 2024, mientras la desaprobación avanzó de forma sostenida hasta estabilizarse en meses recientes.
Es decir: el desgaste existe y ya dejó huella, aunque por ahora no se convirtió en caída libre. En una administración que hizo del respaldo popular una fuente central de fuerza política, ese detalle no es menor.
Hay, además, una grieta particularmente reveladora. Cuando se pregunta por la gestión, 42.1% la califica como “excelente” y 14.4% como “buena”. Sumadas, esas opiniones positivas dan 56.5%. Pero cuando la pregunta exige una definición política más directa —aprueba o desaprueba—, el apoyo baja casi nueve puntos, hasta 47.8%.
Esa diferencia dice mucho: una parte del electorado reconoce funcionamiento o desempeño, pero ya no entrega adhesión plena. No es lo mismo conceder eficacia que otorgar confianza.
Ese matiz se vuelve todavía más evidente cuando aparece Morena. La identificación partidaria con el oficialismo alcanza 58.1%, por encima de la aprobación presidencial.
Traducido: hoy la marca resiste mejor que la figura. Para el gobierno, es un alivio táctico. Para la presidenta, una señal de advertencia. Porque cuando el partido protege más que el liderazgo, la conversación pública empieza a desplazarse del proyecto a la administración cotidiana.
Y ahí entran los dos terrenos que más castigan: seguridad y economía. Conviene separarlos, porque el humor social no los está procesando igual.
En seguridad, la percepción sigue siendo el gran problema nacional. El 37.5% identifica la inseguridad como el principal problema del país y casi la mitad, 49.4%, cree que debe ser la prioridad principal del gobierno.
Sin embargo, cuando la pregunta baja del gran tema a la experiencia reciente, el país aparece trabado: 40.6% dice que la seguridad siguió igual en el último mes, 30.2% cree que mejoró y 29.2% que empeoró.
Técnicamente, hay empate entre mejora y deterioro. Políticamente, eso significa otra cosa: el gobierno no logra instalar una sensación de avance nítido.
En economía, el golpe es más íntimo y menos visible en la narrativa oficial. El 75.8% considera que su salario no alcanza para vivir dignamente. Es un dato de vida diaria, no de conferencia.
Ahí no compiten los indicadores macroeconómicos, sino el supermercado, la renta, el transporte, la cuenta final del mes. Y, sin embargo, sólo 18.7% menciona economía y empleo como prioridad del gobierno.
Esa aparente contradicción no es menor: la gente siente el ahogo económico, pero sigue ordenando su angustia pública alrededor de la violencia.
Hay otro desplazamiento que merece atención: la corrupción sube terreno como preocupación central y llega a 30.8%. No desplaza a la inseguridad, pero la escolta cada vez más de cerca. Cuando ese tema reaparece con fuerza, suele indicar algo más profundo que escándalos aislados: fatiga con el relato de limpieza moral.
Con todo, el gobierno conserva una reserva política que explica por qué el desgaste todavía no se transforma en ruptura. El 53.2% confía bastante en que la administración mejorará la situación del país y 42.3% se declara muy optimista sobre el futuro.
Ese capital emocional sigue ahí. Pero ya convive con otra realidad: más dudas, menos margen y una paciencia social que empezó a cobrar intereses.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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