Zacatecas, Zac.- El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, acusó a la administración municipal de la capital, encabezada por el panista Miguel Varela Pinedo, de operar con una nómina sobredimensionada, contratos con sobreprecios y gastos injustificados que, según afirmó, han agravado la crisis de servicios públicos y limitado la capacidad de respuesta ante problemas sociales y productivos del municipio.
Las declaraciones del funcionario estatal colocan en el centro del debate la situación financiera y administrativa del ayuntamiento de Zacatecas en un momento de creciente tensión política entre el Gobierno estatal y la oposición local.
Reyes Mugüerza sostuvo que el deterioro en servicios básicos, particularmente en la recolección de basura, no responde únicamente a limitaciones presupuestales, sino a decisiones administrativas que privilegiaron compromisos políticos sobre la planeación institucional.
De acuerdo con el secretario, la nómina municipal rebasó los márgenes normativos y comprometió recursos que debían destinarse a seguridad social, infraestructura y mantenimiento urbano.
La acusación adquiere relevancia porque la capital enfrenta desde hace meses reclamos vecinales relacionados con fallas en alumbrado público, bacheo y acumulación de residuos, problemas que afectan principalmente a colonias periféricas con crecimiento urbano irregular y rezagos históricos en servicios.
El señalamiento más severo se dirigió a los contratos de arrendamiento vehicular. Reyes Mugüerza aseguró que existen pagos que cuadruplican el valor comercial de los automóviles utilizados por el municipio, lo que, en su opinión, constituye un ejemplo de uso ineficiente y posiblemente irregular de recursos públicos.
Rodrigo Reyes también cuestionó gastos destinados a viajes internacionales y artículos de lujo en una administración que enfrenta limitaciones operativas en áreas prioritarias.
Las acusaciones abren un nuevo frente político en Zacatecas. La confrontación entre el Gobierno estatal, encabezado por Morena, y el ayuntamiento capitalino, gobernado por la oposición, se produce en un contexto de reposicionamiento rumbo al proceso electoral de 2027.
La disputa no se limita al intercambio discursivo: pone en discusión la capacidad institucional de los gobiernos locales para administrar recursos, garantizar servicios y mantener estabilidad financiera.
El secretario vinculó además la discusión presupuestal con el conflicto de los productores de frijol, una de las crisis económicas más relevantes para el estado durante el último año.
Reyes Mugüerza reconoció la legitimidad de las protestas campesinas derivadas de una cosecha histórica cercana a las 400 mil toneladas que saturó el mercado y desplomó los precios de comercialización.
Según explicó, la intervención federal mediante programas de acopio y precios de garantía evitó un deterioro mayor para miles de pequeños productores. Sin embargo, acusó a actores políticos de oposición de utilizar la inconformidad del sector como herramienta de confrontación electoral.
En esa línea, sostuvo que el municipio capitalino pudo haber implementado mecanismos propios de apoyo al campo si parte de los recursos comprometidos en contratos inflados se hubieran destinado a programas productivos y reglas de operación locales.
El debate revela una tensión estructural en Zacatecas: la fragilidad financiera de los municipios frente a crisis económicas regionales. Aunque los ayuntamientos tienen facultades limitadas en política agropecuaria, sí administran recursos que pueden utilizarse para programas complementarios de apoyo social, infraestructura rural y atención comunitaria.
La discusión, por tanto, no sólo se refiere a presuntas irregularidades administrativas, sino a las prioridades políticas de los gobiernos locales.
En paralelo a las críticas, Reyes Mugüerza presentó iniciativas impulsadas por el Gobierno estatal para fortalecer la cohesión social en la capital.
Entre ellas destacó las llamadas “tertulias” comunitarias realizadas en distintos barrios tradicionales de Zacatecas, espacios destinados a recuperar la memoria oral y las demandas vecinales directamente desde las comunidades.
El funcionario afirmó que estos encuentros han permitido identificar un patrón constante: las peticiones ciudadanas se concentran en servicios básicos como agua potable, pavimentación y alumbrado, pero también evidencian una fuerte identidad comunitaria entre los habitantes de la capital.
Según describió, los vecinos suelen priorizar mejoras colectivas para espacios públicos antes que beneficios individuales, una dinámica que contrasta con el clima de confrontación política entre instituciones.
Como parte de esa estrategia de integración social, el Gobierno estatal anunció también un evento masivo de intercambio de estampas de fútbol en la Megavelaria, orientado a promover convivencia familiar y participación comunitaria mediante actividades recreativas abiertas al público.
Aunque se trata de una iniciativa de bajo impacto presupuestal, el Ejecutivo busca posicionarla como parte de una política de reconstrucción del tejido social en un estado marcado por la polarización política, la precariedad económica y la desconfianza institucional.
Hasta el momento, el ayuntamiento encabezado por Miguel Varela no ha respondido públicamente a los señalamientos del secretario general de Gobierno.
Las acusaciones, sin embargo, elevan la presión sobre la administración municipal y anticipan un escenario de mayor confrontación política en la capital zacatecana, donde la disputa por los recursos públicos y el control del relato político comienza a perfilar el camino hacia la próxima sucesión estatal.
LNY | Redacción