ULISES MEJÍA HARO
En México, durante décadas, se permitió que unos cuantos concentraran el poder económico y manipularan los precios, dañando a millones de familias.
Hoy, desde la Cámara de Diputados, dimos un paso firme para corregir esa distorsión y construir un mercado más justo, más competitivo y más humano.
Respaldamos con convicción la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a sabiendas de lo que significa para una familia pagar más por lo básico, debido a que existen prácticas monopólicas que impiden la competencia. Lo anterior, lo confirma la OCDE: En nuestro país, los hogares pagan hasta un 15.7% más por productos esenciales debido a estos abusos.
Esta reforma representa un cambio de fondo. Se crea la Comisión Nacional Antimonopolio, un organismo con autonomía técnica y de gestión que tendrá la capacidad de sancionar eficazmente a quienes abusan de su posición dominante, sin que este organismo esté sujeto a presiones empresariales ni a intereses políticos.
Además, se moderniza todo el marco de vigilancia económica: Se amplía el plazo para investigar concentraciones no notificadas, se reducen los umbrales económicos para detectar prácticas ilegales con mayor agilidad y se sancionan nuevas formas de abuso que antes no estaban claramente tipificadas, como el intercambio nocivo de información entre competidores.
De igual manera, la reforma fortalece la supervisión en sectores estratégicos, como los de telecomunicaciones y la radiodifusión, asegurando tarifas más justas y un acceso más equitativo a servicios fundamentales.
También se promueve la cooperación internacional para combatir prácticas anticompetitivas en el entorno digital.
Pero quizá lo más transformador, es que a partir de ahora, las y los consumidores podrán ejercer acciones colectivas tras resoluciones firmes, lo que significa que ya no estarán solos ante los abusos de las grandes corporaciones. Podrán organizarse y exigir reparación por los daños sufridos.
Esta es una reforma con visión de futuro, con sentido social, que devuelve al Estado su capacidad para regular en favor de la mayoría. No se trata de estar contra la iniciativa privada, sino de poner reglas claras y justas. Porque la libre competencia debe servir al pueblo, no someterlo.
Seguiremos legislando por un México donde el bienestar de la gente esté por encima del poder de unos cuantos. Ese es nuestro compromiso.
