SARA LOVERA
El abuso sexual cometido contra la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hace unos días, nos regresó al debate de hace cuatro décadas, cuando el movimiento feminista advirtió críticamente que la violencia contra las mujeres no se resuelve aumentando las penas o las sanciones contra los abusadores, sino con medidas integrales y un sistema efectivo de igualdad y justicia para las mujeres.
Hoy se confía exclusivamente en el derecho penal como la solución principal a la violencia sexual. Como señala el plan anunciado por la Presidencia de la República, su estrategia es conseguir que en todo el país el “abuso sexual” sea un delito grave con mayor sanción.
Parece un anuncio espectacular; sin embargo, no aborda lo más preocupante y central: la inseguridad —empezando por la presidencial—; tampoco el riesgo cotidiano que viven las mujeres, ni propone el análisis urgente de lo que pasa ni de los crímenes que sufre la mitad de la población.
Es un plan que deja en el vacío la política pública para atemperar la violencia feminicida, ese largo proceso anidado en la discriminación. No habla del abandono en la formación de un funcionariado capaz de aplicar las leyes y reconocer los delitos de género. Tampoco tenemos un cuerpo legislativo que vigile que esas leyes se apliquen.
El suceso vivido por la presidenta de la República debía enfocarse en cumplir con lo que ya está en un abultado andamiaje jurídico y aprovecharlo para hacer una revisión a fondo: un diagnóstico que permita ver cómo operan las fiscalías especializadas, cuánto personal tienen, cuántas denuncias reciben, por qué no avanzan, qué criterios aplican y cuántas sentencias o acuerdos reparatorios existen.
El plan presidencial anuncia un montón de reuniones, es decir, trabajo político y mediático, para que los congresos locales legislen y el abuso sexual se declare delito grave.
Ello contrasta con hechos visibles desde 2019, como el recorte presupuestal y la desaparición de recursos para prevenir la violencia feminicida; la parálisis de los grupos de trabajo encargados del funcionamiento de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres; el cierre de Conavim; el abandono de la capacitación, y el vaciamiento del Anexo 13 del presupuesto.
Es un anuncio espectacular y plausible, porque hace visible lo que ya no se puede ocultar: lo que conocemos por discursos y movilizaciones feministas, lo reiteradamente denunciado por las buscadoras, las madres de víctimas de feminicidio y la Red Nacional de Refugios.
Lo cierto es que no se movió una coma al presupuesto de 2026, lo que significa que los recursos para la igualdad de género y la erradicación de la violencia se los comió la política de bienestar y las becas.
Se anuncia el fortalecimiento y la mejora de la atención y el acceso a la justicia, coordinando a las fiscalías estatales para que el proceso de denuncia se agilice, sea seguro y con perspectiva de género. Llaman a las mujeres a denunciar, aunque ellas saben que no prospera.
Sabemos, como en el clásico, que para no hacer nada se forman comisiones y mesas de trabajo. Lo sabemos desde 1995, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León creó el primer mecanismo institucional para abordar la violencia contra las mujeres, incluyendo comisiones y mesas de trabajo con la sociedad civil.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) decretó un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, integrado por los tres niveles de gobierno, que no opera. Desapareció la Conavim y no sabemos qué pasa en los Centros de Justicia. Se hicieron “ahorros” y el dinero es para las ayudas directas.
Hoy hay muchas palabras, sin recursos ni estrategias, que no impedirán detener la violencia contra las mujeres. Veremos.
Sobre la Firma
Periodista crítica, editora y activista feminista.
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