SOLEDAD JARQUÍN EDGAR
La misoginia política camina impune. Este domingo fue asesinada la primera presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gemma García Soto y que todo indica podría reelegirse.
El martes pasado el Congreso, a través de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios tenía previsto declarar procedente la suspensión del Ayuntamiento de Zapotitlán Palmas, al haberse iniciado el procedimiento de desaparición. Un municipio que por primera vez es gobernado por una mujer, Inés López Martínez.
“Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas” ¿se acuerdan? Sí lo dijo Claudia Sheinbaum Pardo en su discurso de toma de protesta (párrafo 18) aquel histórico 1 de octubre del 2024. Quien le vendió esa idea no le mostró el otro lado, la calle oscura, y ella entusiasmada, perdió ese horizonte de violencia que viven cotidianamente las mujeres que no son presidentas, ni senadoras, ni diputadas, ni funcionarias públicas de “primer nivel”, el privilegio del poder que no incluye a las presidentas municipales, regidoras ni síndicas que despachan en la lejanía, sin reflectores.
Es curioso, las dos presidentas municipales fueron electas por sistemas normativos internos, en asambleas comunitarias electas para el periodo 2023-2025. Mientras San Mateo Piñas es un referente de los pueblos cafetaleros de Oaxaca, el oro verde y el turismo, Zapotitlán Palmas es un lugar donde mujeres y hombres por generaciones se dedican a la agricultura y tejen sombreros y otras artesanías, allá en el bastión reiterado de la pobreza, la mixteca oaxaqueña.
San Mateo Piñas
Lo terrible de lo ocurrido la mañana de este domingo en la población de San Mateo Piñas es la presencia cada vez más común de sicarios en este tipo de asesinatos. Algo que no se ha querido reconocer por parte de las autoridades, pero el sicariato es desde hace varios años una “actividad” más en Oaxaca como en muchas partes del país, aquí en este estado que presume de tranquilidad y paz social, también se alquilan para matar y siempre hay quien paga por asesinar.
Los cinco sicarios viajaron en dos motocicletas, vestidos de negro, encapuchados y con armas de altísimo poder, en cosa de seis minutos se introdujeron hasta la oficina de la presidenta Lilia Gemma García Soto para asesinarla, igual que otras autoridades, dispersando en el lugar 60 “casquillos percutidos” (palabras que son ya del dominio público).
De acuerdo con la información que este lunes dio a conocer la Fiscalía de Oaxaca, una de las líneas de investigación será el expresidente municipal, Tomás Victorio García quien fue denunciado por la presidenta García Soto por el desvío de 25 millones de pesos que el gobierno federal había destinado a ese municipio para resarcir los daños ocurridos por el paso del huracán Agatha que golpeó la zona a finales de mayo de 2022.
Momentos en los que para variar, dice la gente del pueblo, Tomás Victorio García no estaba en el municipio, andaba en una de sus acostumbradas juergas, tanto que fue el síndico Alejo Ramírez Sánchez, artesano, el que hizo frente en aquellas primeras horas, después se percató que el dinero corría hacia una cuenta bancaria ajena al municipio, para quienes tienen corta memoria, hay que recordar que el síndico también fue asesinado en febrero de 2024 en Santa María Huatulco, casualmente con la intervención de sicarios.
Hago un paréntesis. Si esa es la línea de investigación, en este momento la presidenta municipal estaría viva. Hay en la prensa local testimonios diversos sobre el desvío de recursos hechos por varios ex munícipes de la zona (que dicen los vecinos solo vieron crecer los ranchitos de los potentados políticos) a quienes el sistema de ese momento (PRI estatal, Morena nacional) no tocaron y uno de ellos fue el expresidente municipal Tomás Victorio García que, además, era como decía mi abuelita es “un pájaro de cuenta”, adicto a las drogas y otras calamidades. Sobre él pesaba una denuncia por tentativa de feminicidio que tampoco “prosperó” y que dejaron archivado por ahí en las bodegas de papeles de la Fiscalía.
Visto desde ese ángulo la responsabilidad del asesinato de Lilia Gemma García Soto tiene mar de fondo y en ese fondo se podrá encontrar con nombres y apellidos a quienes lo protegieron, una actividad común en el sexenio del gobernador priista y hoy senador morenista Alejandro Murat, y una práctica que no desaparece.
Lilia Gemma, licenciada en Sociología, antes de ser presidenta municipal fue presidenta del comité de caminos de su municipio. Su trabajo permanece casi intacto, ni Agatha ni nada le han afectado. Un trabajo bien hecho, tanto que enorgulleció a su pueblo que hoy lamenta su asesinato.
Ella fue la primera presidenta municipal de San Mateo Piñas y sería reelecta en el mismo cargo. Porque, aunque el pueblo bueno quiera presidentes municipales honestos, nada se puede hacer en contra las mafias del patriarcado que protegen a quienes se roban la tranquilidad, la paz y destrozan familias.
Zapotitlán Palmas
En septiembre del año pasado en entrevista para SemMéxico la presidenta municipal de Zapotitlán Palmas denunció al regidor de Hacienda, Damián Reyes Longinos y al síndico municipal José Longinos Martínez quienes entre muchas tropelías tomaron el palacio municipal desde el inicio de la gestión en diciembre del 2023, así que ella despacha desde una casa particular; también se le atribuye la destrucción de la patrulla, así como el cierre sistemático del acceso principal al pueblo impidiendo, incluso, el paso a personal médico que trabajan en la clínica y al profesorado de las escuelas.
La munícipe Inés López Martínez dio muchas vueltas para ser escuchada, Salomón Jara prometió ayuda y se dirigió a sus colaboradores para que atendieran el caso, uno de ellos, el secretario de Gobierno, José de Jesús Romero López, quien ahora ordena a la Cámara de Diputados que operen la desaparición de poderes.
La munícipe que quiere dejar un buen ejemplo a las mujeres de Zapotitlán Palmas ha enviado varias cartas a la presidenta de México, pero no ha tenido ninguna respuesta, lo que me recuerda a Claudia Uruchurtu, quien tampoco le respondió el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y hoy lleva más de cuatro años desaparecida.
Ya lo dijo la diputada Concepción Rueda Gómez ninguna autoridad volteó a ver a la presidenta municipal, se refirió al propio Congreso de Oaxaca, a la Secretaría de las Mujeres, por supuesto a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y claro a la Fiscalía General de Oaxaca, las mismas dependencias de siempre, que nada hicieron a pesar de que existe una resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que señala al regidor de Hacienda y al síndico por ejercer lo que llaman violencia política contra las mujeres en razón de género, un ente escurridizo que nadie puede atrapar y el verdadero origen de lo que hoy quieren ejecutar en el Congreso.
Actuaciones de las instituciones que ya no extrañan a nadie, todo indica que lo extraordinario será que un día hagan realmente su trabajo, por eso merecidamente la legisladora Rueda Gómez les dijo una verdad, porque tal parece que la burbuja en la que viven las y los funcionarios les impide oír: “…los discursos de género, las fotografías en territorio, los pronunciamientos, los moños naranja…son acciones que se derrumban porque este Congreso arrebatará a la primera presidenta municipal de Zapotitlán Palmas sus derechos políticos…”
Discurso que logró bajar el dictamen 1.17 del orden del día o al menos durante la sesión del 10 de junio, con 30 de 42 votos a favor. Pero, sigue en pie, y sería lamentable que esta semana el Congreso aprobara ese acto misógino de quitar la presidencia municipal a quien un grupo de machos no quiere por ser mujer.
La orden viene de arriba. Es necesario quitarla de en medio. Un acto misógino tras otro. Primero los señores del pueblo que no se conformaron con ser parte del Cabildo, cuando por ser hombres ellos deberían mandar y no una señora. Luego un secretario de Gobierno que ve el filón de oro porque al poner un “administrador”, tipo los viejos tiempos del PRI, podrá acceder al dinero que la Secretaría de Finanzas no ha entregado a la presidenta, violando los derechos políticos de la munícipe, pero esencialmente, los derechos humanos de las y los habitantes de Zapotitlán Palmas, que han sobrevivido a la barbarie del machismo político.
En ambos casos, la ciudadanía se pregunta ¿hasta cuándo la violencia política se permitirá? La respuesta es simple, cuando dejen de proteger a los bandidos desde el poder político y público, o dejen de protegerse entre ellos. Sea quién sea y caiga quien caiga. De lo contrario sumaremos un caso más, tendremos cárceles llenas de “presuntos” autores materiales sin los autores intelectuales de estos hechos que sangran el corazón de muchas familias.