JULIETA DEL RÍO VENEGAS
Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y los análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad abren una conversación ineludible sobre la gestión de la educación pública en México. No se trata únicamente de cifras o tecnicismos presupuestales, sino de la forma en que se gobiernan y conducen nuestras instituciones educativas.
En ese contexto, blindarlas de cuotas políticas, profesionalizar la designación de directivos y fortalecer la rendición de cuentas no son medidas accesorias: son condiciones básicas para garantizar que el gasto educativo cumpla su propósito. Porque invertir más en educación es, sin duda, fundamental; pero lograr que esa inversión se traduzca en calidad, estabilidad y resultados académicos es el verdadero desafío.
La evidencia reciente obliga a mirar con mayor atención ese punto. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 2,623 millones de pesos en el gasto de instituciones públicas de educación superior, de los cuales 92% permanece pendiente de aclaración. Las observaciones están vinculadas principalmente al manejo de recursos federales, servicios personales y deficiencias en los mecanismos de control interno. Es decir, no son fallas menores, sino debilidades estructurales en la administración.
Frente a ello, la apuesta gubernamental ha sido clara: ampliar el acceso mediante apoyos económicos y becas. Sin embargo, mientras el dinero fluye hacia esos programas, la calidad del aprendizaje y la solidez institucional siguen mostrando señales preocupantes. El acceso es indispensable, pero sin instituciones fuertes el esfuerzo presupuestal pierde eficacia.
Además, las revisiones de la Auditoría han evidenciado que los problemas no se concentran únicamente en algunas universidades públicas estatales. También alcanzan a la educación media superior administrada por los gobiernos estatales, incluidos tecnológicos, universidades tecnológicas y universidades politécnicas. Esto revela que el desafío no es aislado, sino sistémico.
Y aquí es donde la conducción institucional adquiere un peso determinante. Administrar un tecnológico o una universidad politécnica no es una tarea menor: implica conocer el marco normativo federal, dominar la operación presupuestal y comprender la planeación académica. Cuando esos espacios se convierten en moneda de negociación política, la improvisación sustituye al mérito y las consecuencias aparecen pronto: observaciones recurrentes, inestabilidad administrativa y conflictos internos.
Esos conflictos no se quedan en los escritorios. Los constantes paros derivados de disputas administrativas o políticas, sumados a la falta de diálogo institucional, pueden provocar la pérdida de semestres completos. Para miles de jóvenes esto significa retrasos académicos, costos adicionales y menor competitividad en el mercado laboral. En otras palabras, cuando la política desplaza al mérito en la conducción educativa, el costo no lo asumen las instituciones ni los gobiernos: lo pagan las y los estudiantes en el aula.
Por ello, designar a políticos o políticas al frente de tecnológicos, universidades tecnológicas, politécnicos y demás instituciones de educación media superior y superior como pago de cuotas o resultado de presiones partidistas sería un grave error. La politización de la educación no solo genera riesgos financieros; compromete el entorno académico y limita el desarrollo regional. Las pérdidas no se miden únicamente en millones observados, sino en oportunidades truncadas y en el futuro de una generación.
Sobre la Firma
Escritora y defensora institucional de la transparencia y los datos
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