CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
Hay terremotos que no se anuncian con sirena, sino con un oficio.
El SEMS-577/2025, firmado el 31 de octubre y con efectos a partir del 1 de noviembre, cayó sobre el sistema educativo de Zacatecas como un decreto de demolición. En una sola orden, la Subsecretaría de Educación Media y Superior (SEZ) mandó cancelar los contratos del personal académico en todas las Escuelas Normales, el Centro de Actualización del Magisterio (CAM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 321.
El responsable administrativo, Antonio Reyes Carlos, alegó que se trata de una “revisión administrativa” por “inconsistencias detectadas”. No dijo cuántos contratos se cancelaban, ni cuántas familias se quedaban sin ingreso. Tampoco explicó por qué una medida de tal magnitud se firmó por un encargado de despacho sin facultades expresas para rescindir relaciones laborales.
El abogado Jorge Rada, que representa a los trabajadores afectados, calificó la decisión como un acto manifiestamente ilegal, violatorio de los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución, además de los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal del Trabajo. En palabras llanas: el gobierno ordenó despidos sin fundamento ni motivación, en medio del semestre escolar, dejando a cientos de docentes sin sustento y a miles de estudiantes sin clases.
El equipo jurídico prepara amparos colectivos, denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y la Comisión de Derechos Humanos, y solicita medidas cautelares para frenar la ejecución del oficio. No piden privilegios: exigen legalidad.
Mientras la Subsecretaría provoca un sismo administrativo, las universidades públicas viven sus propias réplicas.
La UAZ, en paro y bajo presión
Personal de la Unidad de Odontología tomó el Campus Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). Reclaman la falta de diálogo con el rector Ángel Román Gutiérrez y denuncian 491 movimientos unilaterales en la asignación de plazas. Piden respeto, estabilidad y trato digno.
También se reportó la toma de la Unidad de Contaduría y Administración.
Aunque algunos grupos docentes del Campus II ya reanudaron clases tras acuerdos individuales, el conflicto sigue latente. La inconformidad se acumula como gas en una mina: basta una chispa para que todo estalle.
La raíz del problema es la misma que corroe la estructura del sistema educativo zacatecano: la discrecionalidad. Las plazas se mueven como fichas de favores, los contratos se rescinden sin causa, y la autoridad administra el caos con el silencio por bandera.
Acoso en la Utzac: tres años de impunidad
El mismo 2 de noviembre, en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), docentes de la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación iniciaron un paro de labores. Acusan a su directora, Tania Victoria, de acoso laboral y hostigamiento sistemático durante más de tres años.
La rectora, Violeta Cerrillo Ortiz, ha ignorado las denuncias.
El resultado: al menos seis renuncias forzadas, un ambiente tóxico y un grupo de 200 alumnos sin clases que, aun así, apoyan la protesta. Los manifestantes recuerdan que Tania Victoria ya había sido señalada por malos tratos en el Tecnológico de Fresnillo, de donde fue despedida.
La historia se repite porque las instituciones repiten el mismo libreto: negar, posponer, dejar que el cansancio sustituya a la justicia.
Un sistema que colapsa desde dentro
En menos de una semana, Zacatecas vio cómo tres niveles del sistema educativo —formación docente, universidad estatal y universidad tecnológica— entraron en crisis simultánea. No por causas externas, sino por decisiones internas.
Las Escuelas Normales se quedaron sin maestros, la UAZ sin diálogo, la Utzac sin autoridad moral.
Tres focos distintos, un mismo patrón: la improvisación como política pública.
El oficio SEMS-577/2025, que detonó el primer conflicto, es apenas la punta de una falla más profunda: la precarización institucionalizada. Desde hace años, el magisterio zacatecano sobrevive con contratos temporales, pagos atrasados y evaluaciones que nunca se traducen en estabilidad. Esta vez, la administración decidió romper el piso por completo.
Y cuando se quita el piso en educación, todo el edificio se tambalea.
El silencio del poder
Hasta ahora, ni el todavía inquilino de La Casa de los Perros ni quien cobra como secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, han ofrecido explicación pública. No hay comunicado, no hay postura, no hay política clara.
El gobierno calla mientras los maestros toman escuelas y los alumnos exigen clases.
Paradójicamente, el discurso oficial presume una “transformación educativa”. Pero la realidad enseña otra lección: una administración que confunde orden con autoritarismo y revisión con despojo.
Zacatecas no necesita más auditorías que sirvan de pretexto para el despido masivo, ni universidades tomadas por la desesperación. Necesita respeto a la ley, transparencia y funcionarios que entiendan que la educación no se gestiona como una nómina, sino como un compromiso con el futuro.
El eco del temblor
Y el conflicto apenas comienza. Las demandas legales pueden tardar meses, los paros quizá se levanten, pero el daño ya está hecho. Se quebró la confianza entre los maestros y el Estado, entre las universidades y sus comunidades.
En el fondo, lo que tiembla no son las instituciones, sino la fe en que todavía es posible enseñar sin miedo y gobernar sin atropellar.
Zacatecas vive un temblor educativo. No de tierra, sino de conciencia.
Y cuando la educación se sacude, todo lo demás —la política, la legitimidad, el futuro— termina por venirse abajo.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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