CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
La escena se repite año con año: miles de jóvenes zacatecanos se arremolinan en torno a la esperanza de un lugar en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en particular en las carreras del área de Ciencias de la Salud. Y una vez más, la realidad los golpea con la violencia burocrática de los números: de mil 556 aspirantes a Medicina, sólo 240 fueron admitidos. Es decir, mil 316 sueños quedaron fuera. No por ignorancia ni falta de disciplina, sino por simple insuficiencia estructural.
La respuesta institucional es mecánica, casi automática. “Un joven no aceptado no es malo académicamente”, declara el rector interino, Armando Flores de la Torre. Y tiene razón. Pero su frase, tan serena como aséptica, no alcanza a cubrir el abismo que se abre entre la demanda social por estudiar medicina y la limitada capacidad estatal para responderla. ¿Por qué en un estado tan golpeado por la violencia y la migración, la inversión pública en educación superior no es prioridad?
El caso de Kutzy Zyanya Espinoza Balleza, quien obtuvo la puntuación más alta en el EXANI II, es la excepción que confirma la regla: el mérito individual no basta cuando el sistema excluye por diseño. En otras carreras, como Salud Pública, Biotecnología, Bioquímica o Nutrición, sobran lugares. Pero los jóvenes no quieren estudiar lo que no les apasiona o no les garantiza un ingreso digno.
La paradoja es brutal. Mientras en Medicina se disputa un sitio con dientes apretados, en otras licenciaturas las aulas quedarán medio vacías. Y, aun así, la solución institucional es improvisar una segunda convocatoria, ofertar segundas y terceras opciones, como si se tratara de vender boletos para un espectáculo.
La universidad pública, en Zacatecas como en gran parte del país, se ha convertido en un embudo donde la excelencia académica, la vocación y la necesidad social chocan con un muro de cupos limitados, planes mal financiados y una estructura que se resiste a transformarse. No es que sobren aspirantes. Lo que falta es visión, presupuesto y voluntad política para entender que el conocimiento, en tiempos de oscuridad, no debe dosificarse como si fuera un privilegio. Porque no lo es. Es un derecho.
La guerra de los tránsitos
En Zacatecas, cuando los presidentes municipales Olegario Viramontes Gómez, de Jalpa; Javier Torres Rodríguez, de Fresnillo, y Mario Córdova Longoria, de Río Grande, exigieron la municipalización de los servicios de Tránsito, no imaginaron que su reclamo detonaría una reacción inmediata del inquilino de La Casa de los Perros, siempre pendiente del control, no debatió ni explicó: respondió con billetes.
Anunció aumentos del 10 al 30 por ciento para los elementos de la Dirección de Policía Vial, que dirige Osvaldo Caldera Murillo. No fue un acto de justicia laboral ni una estrategia real de seguridad: fue una provocación. Una jugada fría para poner contra las cuerdas a los alcaldes que buscan asumir funciones hoy secuestradas por el Estado.
¿Podrán replicar estos ayuntamientos las nuevas condiciones salariales? Y si no, ¿espera el gobernador David Monreal Ávila que los propios agentes municipales comiencen a exigir lo mismo y con ello dinamitar desde dentro la iniciativa de descentralización?
El aumento suena generoso, pero la realidad es otra: los tránsitos de Zacatecas, muchos de ellos enquistados por años en prácticas de extorsión, no cambiarán con una quincena más abultada. Las historias de cobros en efectivo, de amenazas disfrazadas de revisiones, de cuotas impuestas a los propios agentes, siguen intactas. No basta con pagar más: hay que limpiar.
Lo que ha hecho David Monreal, lejos de dignificar, ha encarecido una estructura corroída sin exigirle transparencia, sin cambiar un solo mando, sin auditar resultados. Ha blindado, por conveniencia política, a una corporación que sirve más a los intereses del Ejecutivo que a los ciudadanos.
En Fresnillo, el priista Javier Torres debe lidiar con una población harta de abusos viales y al mismo tiempo responder a las presiones de un Estado que no quiere soltar el control. En Jalpa, el panista Olegario Viramontes habla de legalidad, pero sabe que, sin recursos, la municipalización será sólo discurso. En Río Grande, el priista Mario Córdova entiende que, para ganar autonomía, primero debe demostrar capacidad institucional.
El gobernador repite que busca “construir paz, seguridad y bienestar”, pero en la práctica, juega ajedrez con las necesidades de los municipios. Prefiere pagarle más a un tránsito cuestionado, que sentarse a dialogar con alcaldes que, a diferencia de muchos funcionarios estatales, sí encaran de frente a los ciudadanos.
En Zacatecas, la vialidad no se transforma con aumentos, sino con voluntad. Y de eso, por ahora, no hay.
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