Zacatecas, Zac.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este lunes la constitucionalidad de la reforma al sistema de pensiones de Zacatecas, pero prohibió su aplicación retroactiva. El pleno determinó que la reducción del aguinaldo de 60 a 30 días para los jubilados del Issstezac solo afectará a quienes comenzaron a cotizar después de agosto de 2024, protegiendo así los derechos adquiridos de los trabajadores en activo y pensionados previos.
El fallo resuelve la controversia constitucional promovida contra las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), impulsadas por el gobernador David Monreal Ávila. Aunque la mayoría de los ministros aceptó que el aguinaldo no es un derecho derivado directamente de las cotizaciones, sino una prestación económica ajustable para futuros beneficiarios, el tribunal fue tajante al señalar que el Estado no puede alterar las condiciones de quienes ya integraron ese beneficio a su patrimonio laboral.
La sesión reflejó una división de criterios sobre la responsabilidad del quebranto financiero institucional. Mientras la ministra ponente, Loretta Ortiz Ahlf, defendió la viabilidad de la medida para garantizar el fondo de pensiones a largo plazo, ministras como Lenia Batres se opusieron al recorte argumentando que representa un retroceso normativo. La resolución final incorpora una cláusula de irretroactividad que impide aplicar el ajuste a quienes ya contaban con una pensión reconocida o se regían bajo el esquema anterior a la reforma del 11 de agosto de 2024.
Un punto de coincidencia unánime fue la invalidación de los artículos que condicionaban el pago de prestaciones a la “capacidad financiera” del instituto. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó que la seguridad social no puede quedar supeditada a factores presupuestarios indeterminados. Esta decisión anula la facultad que pretendía otorgarse al Issstezac para excusarse de sus obligaciones legales invocando falta de recursos, sentando un precedente relevante para la administración pública nacional.
En el ámbito local, la sentencia genera un impacto financiero inmediato. Ignacio Sánchez González, director del Issstezac, reconoció que la institución carece de los 290.6 millones de pesos necesarios para cubrir los diferenciales de aguinaldos que ahora está obligada a pagar conforme al esquema de 60 días. En contraste, organizaciones sindicales como el SNTE y el SPAUAZ calificaron el fallo como una victoria histórica frente a una narrativa de crisis que, según especialistas legales, no justificaba la vulneración de derechos consolidados.
LNY | Redacción