Ciudad de México.- El diputado federal Ulises Mejía Haro encabezó en la Ciudad de México el conversatorio por una agenda legislativa con perspectiva feminista, donde instituciones electorales, funcionarios y colectivos civiles definieron ejes para erradicar la violencia política y garantizar el ejercicio efectivo del poder. El encuentro busca transformar la paridad numérica en condiciones reales de acceso y permanencia institucional.
La relevancia de este espacio radica en la identificación de obstáculos estructurales que aún persisten en el Estado mexicano, a pesar de los avances normativos. La consejera electoral Carla Humphrey enfatizó que la paridad no debe ser un concepto estadístico, sino una herramienta que asegure el acceso efectivo a la justicia y a la toma de decisiones con impacto social. Esta visión coincide con la necesidad de transitar de una representación formal a una igualdad sustantiva que permee en todos los niveles de la administración pública y el sistema judicial.
El debate abordó la urgencia de blindar los derechos conquistados frente a posibles regresiones. María Luisa Sosa de la Torre, de la colectiva Olimpia de Gouges, advirtió sobre el riesgo de las simulaciones y la violencia política que enfrentan las mujeres al ejercer sus cargos. En este sentido, la propuesta legislativa se estructura sobre cinco pilares críticos: la paridad transversal, el combate a la violencia política, la garantía del ejercicio del cargo, la democracia paritaria y una reforma del Estado integral.
Desde la perspectiva de la sociedad civil, organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres señalaron la importancia de incluir criterios de igualdad en las próximas reformas electoral y judicial. La propuesta central es que la paridad sea reconocida constitucionalmente como un piso mínimo y no como un techo, extendiendo esta obligación a organismos autónomos y universidades. El análisis técnico de las participantes subrayó que la autonomía institucional no debe servir como justificación para la exclusión o el incumplimiento de los mandatos de género.
Finalmente, el consenso de las mesas de trabajo determinó que cualquier modificación normativa será insuficiente si no cuenta con un presupuesto con perspectiva feminista. La viabilidad de estas políticas depende de recursos etiquetados que permitan pasar de las disposiciones legales a los hechos. El compromiso legislativo asumido por Mejía Haro pretende procesar estas demandas en iniciativas concretas que atiendan las desigualdades estructurales, incluyendo el reconocimiento de las cargas de cuidado como una barrera para la participación política equitativa.
LNY | Redacción