Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que elimina el margen de discrecionalidad de los servidores públicos para decidir qué información gubernamental se hace pública, y ordena el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en un plazo de 30 días hábiles, según anunció en la conferencia matutina.
La mandataria explicó que la legislación vigente permitía que funcionarios de cualquier nivel —desde secretarios de Estado hasta directores de área en Pemex o CFE— determinaran de manera individual qué documentos reservar bajo el argumento de seguridad nacional o de procedimientos en curso.
El decreto, dijo, sustituye ese criterio personal por lineamientos específicos que distinguen entre la información que debe transparentarse por ley y aquella que solo puede reservarse temporalmente por estar sujeta a un procedimiento judicial o administrativo, o por representar un riesgo genuino para la seguridad nacional. Sheinbaum añadió que, a partir de la entrada en vigor de la medida, el gobierno federal reportará mensualmente el estado de los contratos públicos suscritos por las dependencias.
La presidenta sustentó la medida en el artículo sexto constitucional, que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad u organismo de los tres poderes, así como de partidos políticos, fideicomisos y particulares que ejerzan recursos públicos, es de carácter público y solo puede reservarse de manera temporal por razones de interés público o seguridad nacional, bajo el principio de máxima publicidad.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que el decreto obliga a las instituciones a publicar información adicional más allá de lo que marca la ley y que ya se trabajó en la estabilización técnica de la PNT, con nuevas herramientas de descarga y formatos de consulta más accesibles.
Buenrostro precisó que el decreto se organiza en cuatro ejes: la publicación mensual de todos los contratos públicos; la divulgación de información financiera y corporativa de las filiales de Pemex y CFE, incluidos informes ante agencias extranjeras y políticas de operación; la ampliación de los datos sobre el Programa Anual de Fiscalización y el seguimiento a observaciones de los órganos internos de control; y una invitación a estados, municipios y otros poderes para sumarse al esquema.
La funcionaria adelantó además una simplificación de las diecisiete causales de reserva por interés público y seguridad nacional, con el propósito de que la información reservada deje de considerarse permanentemente oculta y se libere en versiones públicas una vez superado el periodo de reserva. Indicó que estas disposiciones se integrarán, junto con otras iniciativas trabajadas con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a una futura Ley General de Transparencia, lo que sitúa al decreto como un paso previo a una reforma legislativa más amplia en la materia.
LNY | Redacción