Fuerzas militares de Estados Unidos capturaron este 3 de enero en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras una incursión nocturna en el complejo Fuerte Tiuna. El operativo, que incluyó ataques coordinados y cortes de suministro eléctrico, culminó con el traslado del mandatario fuera de Venezuela bajo acusaciones de narcoterrorismo, provocando una crisis diplomática sin precedentes.
La Casa Blanca, a través de un mensaje del presidente Donald Trump, confirmó que la operación se ejecutó en colaboración con agencias federales de seguridad. Esta intervención materializa las advertencias sostenidas durante años por Washington, que ofrecía recompensas millonarias por el arresto de Maduro, a quien vincula con el Cartel de los Soles. El despliegue militar directo en la capital venezolana representa una ruptura drástica con la diplomacia internacional y plantea un escenario de incertidumbre sobre el orden institucional en el hemisferio.
La respuesta de la República Bolivariana de Venezuela no se hizo esperar. El Ejecutivo venezolano calificó la acción como una agresión militar que violenta la Carta de las Naciones Unidas y denunció que el objetivo real es la captura de recursos estratégicos como el petróleo y los minerales. Antes de ser interceptado, Maduro decretó el Estado de Conmoción Exterior y exhortó a la población y a las fuerzas armadas a iniciar una resistencia armada en defensa de la soberanía. En el ámbito regional, México ya ha manifestado su condena a la intervención y ha solicitado la mediación urgente de la Organización de las Naciones Unidas.
La captura de Maduro cierra un ciclo de doce años iniciado en 2013, cuando fue designado sucesor por Hugo Chávez. Su mandato estuvo marcado por una profunda erosión democrática y un colapso económico que redujo el Producto Interno Bruto en un 76% entre 2013 y 2021. La gestión de Maduro no solo fue cuestionada por la comunidad internacional tras la crisis de legitimidad de 2019, sino también por figuras históricas del chavismo que lo acusaron de desvirtuar el proyecto original para instaurar un sistema de corrupción y control social a través del Carnet de la Patria.
Hacia el final de su etapa en el poder, el régimen intentó estabilizarse mediante una liberalización económica que algunos analistas tildaron de capitalismo salvaje, profundizando las brechas sociales. El aislamiento derivado de las sanciones de Washington y Bruselas, sumado a la ineficacia de sus alianzas con Moscú y Pekín para revertir el deterioro interno, configuraron el entorno de vulnerabilidad que finalmente facilitó esta incursión. La salida forzosa del mandatario abre ahora un complejo debate sobre la seguridad regional y el futuro de la autonomía venezolana frente a la justicia penal estadounidense.
LNY | Redacción