AURELIO GAITÁN
En un par de días, Zacatecas ha vivido dos ceremonias de entrega de equipamiento policial: una en la región noroeste (Francisco R. Murguía, Sombrerete, Miguel Auza, Río Grande y Juan Aldama) y otra en la región norte (Concepción del Oro, El Salvador, Melchor Ocampo y Mazapil). Patrullas, uniformes, armas, municiones, aumentos salariales y promesas de seguridad se anunciaron con aplausos y discursos.
La verdad sea dicha: toda la parafernalia con un solo objetivo, engrosar el libro que entregarán el 8 de septiembre durante el cuarto informe de gobierno de David Monreal Ávila.
Pero lo básico no es noticia. Dotar de equipo y condiciones dignas a los policías es una obligación del Estado, no una dádiva del gobernador. Es gasto público planeado y financiado por los contribuyentes, que debería ejecutarse sin esperar a que haya templete y reflectores.
En Sombrerete, la inversión se presentó como parte de una estrategia para “recuperar la paz” y se presumió que julio de 2025 fue el mes con menos homicidios en más de dos décadas. En el semidesierto, se repitió el argumento: Zacatecas ocupa el lugar 30 de 32 en homicidios dolosos y tiene una tasa de 0.3 por cada cien mil habitantes, supuestamente la tercera más baja del país.
Las cifras son relevantes, pero requieren contexto. De acuerdo con datos oficiales, en 2024 Zacatecas registró 570 homicidios, casi 50 % menos que los mil 089 de 2023. La tasa estatal cayó de 66 a 34 por cada cien mil habitantes, aún por encima del promedio nacional de 11.7. Es cierto que en 2025 hay una baja histórica —61.2 % menos homicidios de enero a julio en comparación con el mismo periodo de 2024—, pero la historia reciente demuestra que estas reducciones pueden revertirse si los operativos se relajan o el crimen se redistribuye.
En la región norte, la entrega más reciente incluyó 14.5 millones de pesos en armas, municiones y vehículos; aumentos salariales para 39 policías (hasta 16 mil pesos mensuales) y mejoras en el seguro de vida. Cincuenta elementos ya cuentan con Certificado Único Policial y 72 están en capacitación. Este esfuerzo se suma a inversiones previas: en 2021, 44 uniformes; en 2022, cuatro patrullas y 53 chalecos antibalas; en 2023, 106 uniformes y dos patrullas; y en 2024, seis armas largas, seis cortas, cartuchos y patrullas.
Son avances operativos, pero la seguridad no se mide por el número de chalecos o camionetas entregadas. Se mide en calles transitadas sin miedo, en comercios abiertos de noche, en niños jugando sin la sombra de un convoy armado.
La región noroeste, pese a los anuncios de “indicadores positivos”, sigue reportando delitos como extorsión, robo de vehículo y desapariciones sin tendencia sostenida a la baja. En la región norte, aunque Concepción del Oro presume cero homicidios dolosos en 2025, carecemos de información pública desagregada para verificar si el resto de los municipios vive la misma calma.
El despliegue de la Guardia Nacional, la construcción de destacamentos regionales y la próxima apertura del C5 en Zacatecas son medidas estructurales. Pero, como todo en materia de seguridad, la infraestructura es inútil sin inteligencia operativa, depuración interna y coordinación real entre corporaciones.
El discurso de que “hoy Zacatecas tiene paz” es, por lo menos, prematuro. La violencia no desaparece con un mes de buenas cifras. Y la confianza ciudadana no se compra con pólizas de seguro o aumentos salariales —por legítimos que sean—, sino con un Estado que cumpla su tarea sin convertirla en propaganda.
La ciudadanía no pide flores ni aplausos. Exige resultados verificables, sostenidos y medibles. Equipar policías no es un favor; es el punto de partida. La meta es que, un día, la seguridad deje de ser noticia.
Río Grande, entre el agua y el fuego
En Río Grande, el agua no siempre llega a tiempo.
Este miércoles, desde las cinco de la mañana y hasta las seis de la tarde, la cabecera municipal se quedará sin suministro de agua potable. La causa: una fuga de gran magnitud en la línea principal de conducción detectada por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simaparg).
La avería, según el organismo, es la raíz de los problemas de desabasto que en días recientes han dejado a familias enteras contando las horas para llenar un tinaco. Repararla, dicen, no es una opción: es una urgencia. “Si no se detiene el flujo de agua, el problema podría agravarse y provocar un desabasto más prolongado”, advierte el comunicado oficial.
Es un recordatorio incómodo: una sola fuga puede desnudar las debilidades de toda la red. Mientras el personal de Simaparg trabaja para sellar el boquete, la vida cotidiana deberá ajustarse. Las cocinas, los lavaderos y las regaderas permanecerán en pausa. No hay atajo posible; el agua, para llegar limpia, debe fluir sin pérdidas.
Pero el miércoles no será un día de espera pasiva. Mientras los tubos quedan secos para ser reparados, elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de Obras y Servicios Públicos combaten un incendio provocado —según reportes— por presuntos pepenadores. La ciudad, que aguarda por agua, también respira humo.
En Río Grande, la escasez y la urgencia conviven. El fuego se apaga con agua; el agua se detiene para evitar que se pierda. Y en ese círculo de carencias y contingencias, los ciudadanos son quienes aprenden a vivir midiendo cada recurso, cada cubeta y cada minuto.
La promesa de Simaparg es clara: tras esta pausa, el servicio mejorará. En Río Grande, todos esperan que esta vez así sea.
Sobre la Firma
Periodista especializada en política y seguridad ciudadana.
claudia.valdesdiaz@gmail.com
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