Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones el dictamen para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, tras aceptar 18 reservas presentadas por Ricardo Monreal en nombre propio y de los coordinadores del PVEM y PT, Carlos Puente y Reginaldo Sandoval, durante la sesión en San Lázaro.
La aprobación se dio como parte del procesamiento legislativo de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y de propuestas coincidentes de Morena, PAN, PVEM, PT y MC. El dictamen fue remitido al Senado para su revisión constitucional y se convirtió en uno de los debates más extensos de la legislatura, marcado por el choque entre interpretaciones técnicas, acusaciones de desinformación y diferencias profundas en torno al régimen de concesiones.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, defendió las reservas como resultado de reuniones con 22 grupos provenientes de 22 estados. Afirmó que el entorno legislativo estuvo marcado por una “desinformación” que generó movilización en sectores agropecuarios sin fundamento normativo. Aseguró que la serie de modificaciones complementa las 50 alteraciones hechas días antes al proyecto presidencial, estructurado en dos cuerpos: la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales.
Carlos Puente, coordinador del PVEM, subrayó que las reservas garantizan la transmisión hereditaria, venta o reasignación de concesiones, fortalecen el régimen sancionatorio y reservan las multas más altas para conductas graves como daños ambientales y extracción ilegal masiva. Resaltó que los cambios buscan equilibrar derechos de usuarios y atribuciones de la autoridad del agua.
Reginaldo Sandoval, líder del PT, afirmó que el nuevo marco brindará acceso efectivo al agua potable, reducirá desigualdades y dará certidumbre jurídica a sectores productivos. Destacó que las disposiciones permiten avanzar en saneamiento, recuperación de acuíferos y adaptación climática.
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, sostuvo que la reforma combate el “mercado negro” de concesiones y derechos, preserva la sucesión de títulos y refuerza la claridad jurídica sobre transmisiones por herencia, fusiones y escisiones. Aseguró que el articulado ahora delimita reglas estrictas para reasignaciones.
La diputada Noemí Luna, del PAN, criticó que más de 50 cambios revelan deficiencias de origen en la iniciativa y acusó que las reservas solo “maquillan” inconsistencias. Señaló que la transición del artículo 22 al 37 Bis 1 genera una figura denominada “reasignación preferente”, que calificó como ambigua y carente de garantías para los productores.
La reforma provocó posturas encontradas en todos los grupos. El PAN, por voz de Francisco Pelayo, afirmó que las modificaciones afectan al campo y urgió inversión para rehabilitar pozos y construir infraestructura hídrica. El PRI, a través de Rubén Moreira, calificó la propuesta como contradictoria y denunció la permanencia de la negativa ficta. Otros legisladores reclamaron la ausencia de consultas a comunidades indígenas.
Morena defendió la reforma. Joaquín Zebadúa destacó la incorporación, por primera vez, de un reconocimiento explícito a sistemas comunitarios de agua en la Ley General de Aguas, y su facultad para administrar el recurso en pueblos indígenas. Jorge Luis Sánchez sostuvo que las 164 modificaciones previas fortalecen el proyecto presidencial.
Los legisladores del PAN Paulina Rubio Fernández y del PRI César Domínguez reiteraron que las reservas no atienden los planteamientos de productores y advirtieron riesgos de despojo o incertidumbre hídrica. Desde el PT, Maribel Martínez defendió que la reforma responde a realidades sociales y a comunidades que cargan agua diariamente.
El debate también involucró objeciones técnicas desde Movimiento Ciudadano. Gustavo de Hoyos criticó que se legisle con prisas y advirtió inconsistencias derivadas del cúmulo de reservas.
El documento aprobado detalla cambios a artículos centrales de ambos cuerpos normativos. En la Ley General de Aguas, se reconoce a sistemas comunitarios fuera de zonas municipales y se establece que los servicios administrados por pueblos indígenas o afromexicanos quedarán regulados por la legislación derivada del artículo 2 constitucional.
En la Ley de Aguas Nacionales, se redefine la “Responsabilidad Hídrica” para concesionarios y usuarios, se faculta a la autoridad a reducir o cancelar volúmenes concesionados cuando exista riesgo para el consumo humano y se reforman atribuciones del Consejo Técnico de la Comisión Nacional del Agua. El Programa Nacional Hídrico deberá actualizarse con criterios ambientales, sociales y económicos que garanticen el derecho humano al agua.
Los artículos 22, 24 y 49 fueron objeto de ajustes sustantivos. Se reescribió el régimen de transmisiones y reasignaciones, la ampliación de plazos para solicitar prórrogas de concesiones y la expedición de títulos por cambio de dominio sin análisis adicional de disponibilidad. Para actividades agrícolas, pecuarias o acuícolas se aclara que su combinación no implica cambio de uso.
Las penas por extracción ilegal se ajustaron en los artículos 123 Bis 3, 4 y 5, aumentando rangos máximos de prisión y modulando multas conforme al volumen de agua sustraído. También se exceptúa a personas que realizan la actividad para consumo doméstico y a sistemas de producción agropecuaria definidos por ley.
Los artículos transitorios fijan plazos para la emisión de lineamientos, regulación de obras en zonas de libre alumbramiento, mecanismos de reasignación de derechos y criterios de la autoridad para definir “gestión hídrica responsable”. La autoridad deberá realizar evaluaciones técnicas para implementar el paquete normativo.
Durante la sesión, otras reservas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fueron retiradas, publicadas en el Diario de los Debates o rechazadas por el Pleno.
LNY | Redacción