JOSÉ MANUEL RUEDA SMITHERS
Justicia solo en el papel, enclaustrada, no alcanza para actuar
Si la justicia no está ausente, sino confinada al papel, eso abre una dimensión más crítica: las leyes existen, los códigos también… pero no se ejecutan. Ahí radica una de las grandes tragedias mexicanas.
La justicia en México lleva años -si no enclaustrada en la medianía- sí atrapada en un rezago estructural que difícilmente podrá corregirse en el mediano plazo. Es una realidad evidente en cada ciudad del país, sin importar quién gobierne: investigadores, defensores, abogados y jueces, en lugar de actuar como engranes de un sistema que funcione, han optado por la ruta de la conveniencia. Apoyan a quienes les reditúan beneficios y relegan al olvido cualquier caso que demande tiempo, esfuerzo y les deje pocos dividendos.
Pero la situación es aún más grave. Hoy, ni los jueces actuales -tan menospreciados por los últimos gobiernos- ni quienes llegarán a sustituirlos en apenas unas semanas, parecen tener la capacidad, y no queda claro si siquiera los conocimientos, para cambiar este estado de cosas. México vive atrapado en una mediocridad legal que castiga más a quien intenta sobrevivir fuera del crimen organizado, que a quien decide someterse a sus reglas.
En gran parte del territorio nacional, impera la ley del más fuerte. Los empistolados, los corruptos y los empoderados marcan las reglas incluso en el pueblo más remoto, y nadie se atreve a rozarlos ni con el pétalo de una rosa. No hay ley que valga si no se puede -o no se quiere- aplicar.
Una encuesta dada a conocer este 8 de agosto es elocuente: no solo crece la percepción de inseguridad, sino que los datos duros la confirman. México ha entrado en el arranque de un nuevo sexenio rebasando cifras históricas de homicidios dolosos. Se cometen en promedio más de 80 asesinatos al día. Ya no hablamos de “focos rojos”, el país entero parece un incendio.
Y mientras tanto, la justicia se desgasta en simulaciones. Ahí está el caso reciente de un hombre detenido por portación de arma en Tamaulipas, liberado en menos de 24 horas por un tecnicismo procesal, y asesinado solo dos días después por el grupo del que supuestamente se le acusaba formar parte. O el caso del juez que liberó a un presunto feminicida en Sonora tras pagar una fianza ridícula, ignorando antecedentes claros. ¿Quién responde? Nadie. Todos se escudan en la “autonomía del Poder Judicial”, cuando en realidad esa autonomía ha sido saqueada, por dentro y por fuera.
En otros países, las crisis judiciales han provocado transformaciones radicales. Colombia, en los años noventa, enfrentó el colapso de su sistema de justicia por la infiltración del narcotráfico. La respuesta fue un proceso complejo de depuración institucional, creación de jueces sin rostro y fortalecimiento de fiscalías regionales, con resultados mixtos, sí, pero con un mensaje claro: no hacer nada no era opción. En México, en cambio, avanzamos hacia atrás: politizamos la justicia y la debilitamos, justo cuando más la necesitamos.
Pero esto no es nuevo. Ya en 1977, Daniel Cosío Villegas advertía que el gran drama mexicano era “la farsa del imperio de la ley”. Casi medio siglo después, la farsa continúa. Cambian los partidos, cambian los nombres, cambian los discursos… pero la justicia sigue arrinconada.
¿Qué está fallando entonces? ¿Las leyes? ¿Quienes las redactan y aprueban desde el confort de un curul o una oficina? ¿O quienes deberían hacerlas valer, sin importar el color del partido en el poder?
Tal vez una pregunta más honesta sea otra: ¿de verdad queremos un país con justicia?
Porque lo que tenemos hoy, ni siquiera se parece a eso.
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Columnista crítico, académico, servidor y periodista.
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