JUAN JOSÉ MONTIEL RICO
Hay políticas públicas que nacen con la mejor intención del mundo y aun así terminan generando conflictos, frustración y espacios para el oportunismo. El programa federal de acopio de frijol, enmarcado en la estrategia de soberanía alimentaria de la Presidenta Sheinbaum es un ejemplo claro de este dilema.
El objetivo era apoyar a los pequeños productores frente a la volatilidad del mercado y garantizar un precio justo. En Zacatecas —uno de los principales estados frijoleros del país, con una producción estimada cercana a 400 mil toneladas anuales— se fijó un precio de garantía de 27 pesos por kilo, y el volumen de acopio, “a las caiditas” y “como haiga sido”, ha pasado de 40 mil toneladas en 2024 a 80 mil en 2025, con una ampliación posterior a 96 mil.
Sobre el papel, la idea —aunque insuficiente— parecía virtuosa, pero en la práctica, su implementación ha abierto una zona gris donde conviven la incertidumbre, la protesta social y la disputa política.
El problema no ha sido únicamente presupuestal, sino de operación y trazabilidad. La falta de información clara sobre fechas y reglas; sobre cuántos productores han sido beneficiados, cuántas toneladas se han acopiado realmente y a través de qué intermediarios se ha distribuido el apoyo ha generado desconfianza y movilizaciones.
Aquí aparece uno de los primeros dilemas clásicos de las políticas públicas: la coordinación. Cuando el diseño institucional concentra la decisión en el nivel federal, pero los efectos se viven en el estado, los gobiernos locales quedan atrapados entre la presión social y la falta de instrumentos para responder.
Pero se pone peor. El politólogo estadounidense Michael Lipsky hablaba de la “burocracia de ventanilla” para describir cómo, en la implementación cotidiana de una política, quienes operan los programas terminan teniendo amplios márgenes de discrecionalidad. No porque así lo decida el diseño normativo, sino porque la realidad obliga a improvisar, con cupos limitados, reglas cambiantes, tiempos administrativos.
Ahí nacen los incentivos perversos. Cuando la demanda supera la capacidad del programa, emergen los llamados “coyotes” que compran el producto por debajo del precio de garantía y buscan colocarlo dentro del esquema oficial. De acuerdo con información extraoficial, estos coyotes compran el kilo en 7 pesos y lo colocan al precio de garantía para obtener una rentabilidad de hasta 20 pesos por kilo. Una política diseñada para proteger al productor termina creando un mercado secundario de privilegios y favores.
Y aquí la cosa se vuelve más política que técnica. Porque estos vacíos no sólo generan rentas económicas; también producen capital político. Líderes sociales, operadores territoriales y figuras públicas encuentran en la inconformidad una plataforma para proyectarse, negociar o confrontar. En algunos casos, se trata de actores genuinamente comprometidos con el campo. En otros, de verdaderos “tramposos de la buena voluntad” que convierten el sufrimiento social en moneda de cambio. Este fenómeno no es nuevo.
Durante décadas, el sistema político mexicano funcionó sobre la base de intermediarios que conectaban al Estado con el pueblo, sean líderes campesinos o sindicales, que gestionaban apoyos a cambio de lealtad política. MORENA, en su ascenso, criticó ese modelo clientelar, pero es cierto que en la construcción de su hegemonía se montó sobre ese sistema y a muchos de esos brokers los premió como senadores o diputados federales que hoy se han convertido en verdaderas piedras para el zapato de la gobernabilidad.
Cuando una política pública falla en su implementación, esos intermediarios no sólo llenan el vacío, sino que lo administran, lo explotan y lo amplifican.
Si el objetivo es construir soberanía alimentaria y bienestar rural, hay que cerrar las brechas de discrecionalidad antes de que otros las conviertan en negocio, pues cuando la buena voluntad se vuelve botín quienes pagan el costo son los productores más pobres.
Sobre la Firma
Estratega político entre gobiernos, campañas y narrativas.
BIO completa