Ciudad de México.- La diputada Fuensanta Guerrero denunció en el Congreso de la Unión la crisis de inseguridad que enfrentan las mujeres en México, donde se promedian diez desapariciones diarias. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la legisladora exigió a los gobiernos federal y estatales acciones inmediatas frente a los más de 30 mil casos de no localización registrados durante el último año.
La gravedad de las cifras presentadas ante la Cámara de Diputados expone una falla estructural en las políticas de protección y procuración de justicia. El dato de 30.000 desapariciones y no localizaciones de mujeres en 2025 subraya la vigencia de una crisis humanitaria que no ha logrado ser contenida por las instituciones del Estado.
Esta situación, lejos de ser un fenómeno aislado, se integra en un contexto de violencia de género sistemática que incluye el acoso, la violencia doméstica y el feminicidio como su expresión más extrema. La persistencia de estos delitos evidencia que los mecanismos actuales de prevención son insuficientes para garantizar la integridad física y la vida de las ciudadanas en el territorio nacional.
Desde su posición como secretaria de la Mesa Directiva, Guerrero cuestionó el enfoque conmemorativo del 8 de marzo y señaló que la realidad del país anula cualquier motivo de celebración. El análisis de la legisladora apunta a un sistema que históricamente ha invisibilizado las agresiones cotidianas, desde las amenazas digitales y el control psicológico hasta la violencia física en espacios públicos y laborales.
La relevancia de este pronunciamiento radica en la exigencia de transitar de una retórica institucional de igualdad hacia una implementación efectiva de políticas públicas que frenen la impunidad. La falta de resultados en las investigaciones y la normalización de la violencia estructural representan los principales obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mexicanas.
La demanda política formulada en la Cámara baja sitúa la crisis de seguridad como el eje central de la agenda pública. La omisión por parte de las autoridades ante las cifras de desapariciones constituye una vulneración de las obligaciones internacionales de México en materia de género. La resolución de este conflicto requiere no solo de un reconocimiento de la magnitud de los datos, sino de una reestructuración de las estrategias de seguridad que atienda las causas específicas de la violencia contra las mujeres. La persistencia de una cifra tan elevada de casos no localizados refleja una incapacidad institucional que compromete la estabilidad social y la confianza en el sistema de justicia.
LNY | Redacción