Ciudad de México.- Las Comisiones Unidas del Senado de la República aprobaron este martes una reforma al artículo 127 de la Constitución para eliminar las jubilaciones de privilegio en los organismos descentralizados y empresas públicas. La medida, impulsada por el Ejecutivo, establece un tope máximo a las percepciones de los empleados de confianza para sanear las finanzas del Estado.
La modificación constitucional responde a una asimetría estructural en el sistema de seguridad social mexicano. Según los datos analizados durante la discusión parlamentaria, el sector paraestatal mantiene vigentes pensiones que oscilan entre los 340.000 y el millón de pesos mensuales (entre 16.000 y 48.000 euros), cifras que contrastan con el ingreso promedio de los trabajadores afiliados a las instituciones de seguridad social ordinarias. El dictamen aprobado fija ahora un límite estricto: ninguna jubilación para personal de confianza podrá superar el 50% de la remuneración neta del titular de la Presidencia de la República.
El análisis de las plantillas de organismos clave revela el alcance de la distorsión financiera. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, el 67% de los jubilados percibe ingresos de hasta un millón de pesos. Situaciones similares se registran en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde ciertos beneficios superan incluso los sueldos de los altos funcionarios en activo. La senadora Vero Díaz defendió la pertinencia de la reforma como un ejercicio de “justicia social” necesario para corregir excesos históricos que han lastrado el erario.
Más allá del ahorro presupuestario, la reforma introduce un cambio institucional de fondo en el lenguaje administrativo. El texto constitucional sustituirá términos genéricos por expresiones como “persona servidora pública” o “persona titular de la Presidencia”, en un intento por formalizar la igualdad sustantiva en la ley fundamental. Los recursos excedentes derivados de este recorte en la alta burocracia se integrarán, según el proyecto, a programas de bienestar social. El dictamen, ya validado en comisiones, será trasladado al pleno del Senado para su ratificación definitiva.
LNY | Redacción