Ciudad de México.- La senadora Geovanna Bañuelos impulsó ayer en la Cámara Alta una reforma para considerar violencia laboral el pago de salarios inferiores a mujeres por el mismo trabajo. La modificación del artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia busca erradicar la discriminación económica sistémica y garantizar la igualdad de remuneración en los centros de trabajo.
Esta iniciativa legislativa representa un cambio de paradigma al trasladar la disparidad salarial del ámbito de la falta administrativa al de la vulneración de derechos fundamentales. La propuesta asume que la desigualdad en los ingresos no es un hecho aislado, sino una herramienta de control que perpetúa la desventaja económica de la población femenina. Al elevar esta práctica a la categoría de violencia, el Estado mexicano reconoce la necesidad de proteger la autonomía financiera y el bienestar de las familias como un asunto de orden público.
Bañuelos, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señaló que la igualdad real solo es posible mediante la erradicación de las estructuras que históricamente han infravalorado el trabajo femenino. El dictamen establece con claridad que la premisa de “a trabajo igual, salario igual” debe ser un mandato obligatorio y no una aspiración discrecional. Esta decisión legislativa obliga a las instituciones y empresas a revisar sus políticas de compensación bajo estándares de transparencia y justicia social.
El análisis de esta reforma sugiere implicaciones profundas para el mercado laboral mexicano. La integración de este concepto en la normativa de protección a las mujeres busca fortalecer la dignidad de quienes sostienen la economía familiar y, de manera paralela, fomentar un desarrollo nacional más equitativo. El texto legislativo subraya que la diferencia en el ingreso limita el acceso a oportunidades y restringe la libertad de las mujeres, consolidando un marco jurídico más incisivo frente a la exclusión laboral.
LNY | Redacción