ANGÉLICA COLIN MERCADO
El proceso electoral que se avecina rumbo a 2027 coloca nuevamente en el centro del debate público la calidad de la representación política y su vínculo con el desarrollo regional.
En el caso de Zacatecas, resulta recurrente la aparición intermitente de figuras políticas que, cada tres o seis años, resurgen en la escena pública con una marcada orientación hacia la obtención de cargos de elección popular —ya sea en la cámara alta, baja o en diputaciones locales— más que hacia la construcción sostenida de agendas de desarrollo económico y social.
Esta dinámica refuerza la percepción ciudadana de una política de corto plazo, centrada en la rentabilidad electoral y no en la solución estructural de problemáticas históricas como la migración, la inseguridad o el rezago productivo (Merino, 2018).
Desde la literatura sobre profesionalización política, se ha advertido que la continuidad de élites itinerantes debilita la institucionalidad democrática, pues privilegia trayectorias personales sobre proyectos colectivos (Langston, 2017).
En contextos subnacionales, ello se traduce en baja coordinación interinstitucional y en políticas públicas fragmentadas.
Zacatecas no es la excepción: la limitada articulación entre universidades, centros de investigación e instancias legislativas evidencia una oportunidad desaprovechada para diseñar políticas basadas en evidencia.
Las instituciones de educación superior, particularmente las públicas, concentran capital intelectual estratégico para la planeación del desarrollo regional. Sin embargo, la distancia entre academia y clase política persiste, obstaculizando la transferencia de conocimiento hacia la toma de decisiones (Didriksson, 2020).
La ausencia de mecanismos formales de colaboración —observatorios legislativos, consejos consultivos o agendas conjuntas— profundiza la desconexión entre diagnóstico científico y acción gubernamental.
De cara a 2027, el desafío no radica únicamente en la competencia electoral, sino en la posibilidad de transitar hacia una cultura política de corresponsabilidad. Articular trabajo en equipo entre universidades e instituciones políticas permitiría construir propuestas viables, con sustento técnico y visión de largo plazo, en favor de las y los zacatecanos. Sin ello, el riesgo es perpetuar ciclos electorales intensos pero poco transformadores.
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Educadora crítica, madre, directiva universitaria comprometida.
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