SARA LOVERA
Después de 30 años de lucha, el avance es indiscutible en la paridad electoral entre mujeres y hombres. En menos de un lustro pasamos a ocupar el 50 por ciento de los escaños federales y estatales —algunas entidades hasta 54 por ciento—; en gubernaturas llegamos al 46.6 por ciento, con 13 gobernadoras.
Todavía, en 7 entidades del país que renovarán gubernatura en 2027, nunca ha habido una mujer. En los municipios, apenas son alcaldesas el 30 por ciento.
México es un país que, en paridad electoral, está por cerrar la brecha de desigualdad, lo que contrasta con la realidad de millones de mexicanas. Vivimos una crisis humanitaria y de violencia contra las mujeres, traducida en asesinatos por razones de género, desapariciones de niñas y mujeres, trata y desplazamientos, brecha salarial, autonomía limitada; lo que organismos internacionales califican como una verdadera y profunda discriminación.
Este “avance” ha significado un gran desafío porque nuestra sociedad se resiste y recrea, en muchos ámbitos, las más atrasadas posturas contra la igualdad sustantiva, desconociendo que ésta se introdujo en la Constitución en 1974, hace 51 años.
Sin duda, el andamiaje jurídico de derechos humanos y de las mujeres es robusto, no así las políticas públicas ni el cambio cultural. Persisten las violaciones sexuales, la venta de niñas, los matrimonios forzados y los embarazos en niñas y adolescentes; la pobreza y la mala salud. Hay discriminación y violencia laboral; no tiene respuesta oficial la impunidad ni los crímenes al interior de millones de hogares.
Como me dijo un día la coordinadora del Frente Feminista Nacional, Lourdes García, “no es con saliva y discursos” como se materializa la ley, cuando por décadas no hay presupuesto para programas y acciones específicos.
La disputa contra la paridad se centra hoy entre los dirigentes hombres en el modo de implementación, el control político de las candidaturas y el choque entre las acciones afirmativas y derechos electorales preexistentes. A pesar de que la paridad es un principio constitucional, la ejecución de medidas efectivas genera frentes de conflicto. Ahora, recreadas, aparecerán en las nuevas reglas electorales y al interior de las alianzas electorales.
En 2027 se renovarán 17 gubernaturas; en 8 gobiernan mujeres —algunas con malas calificaciones, como Campeche—; en 7 la ley no está armonizada al principio constitucional de paridad, lo que anuncia resistencias y nuevas dificultades. En Morena, con su “mayoría”, se declaró que será por encuesta y no por género la selección de candidaturas. Hay señores que consideran injusta la alternancia por sexo o alegan derechos y democracia para “todos”.
Nuevamente, como en el pasado, las controversias pasarán al Tribunal Electoral, quien dará la última palabra. No extrañaremos acuerdos en las cúpulas partidarias para enviar a las mujeres a las entidades menos competitivas para cada partido; no habrá avances en los municipios donde “líderes” o “caciques” deciden quién los suceda —hijas, esposas, subordinadas— o correligionarios a modo.
Tampoco será raro que los jefes partidistas dejarán solas a las candidatas: sin recursos y sin apoyos, alegando lo que se viene en la Reforma Electoral, como recortes en número de candidaturas, menos recursos para las elecciones, espacios a grupos vulnerables, etcétera.
Urge que las mujeres de las organizaciones políticas —Mujeres en Plural, 50+1 y Todas— desplieguen una tarea de acompañamiento efectivo a las aspirantes de todos los partidos. Imposible hablar de cumplimiento de reglas o de protocolos cuando, además de la debilidad en el INE, las militantes están sujetas al machismo dentro de sus partidos.
Será una tarea titánica de la ciudadanía feminista que durante 30 años no ha bajado la guardia. Habrá que estar atentas. Veremos.
Sobre la Firma
Periodista crítica, editora y activista feminista.
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